2005, un año marcado por graves violaciones de derechos humanos en la frontera sur de España
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía cuestiona las actuales políticas migratorias que permiten deportaciones ilegales o el continuo acoso policial a inmigrantes subsaharianos.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) informa desde 1997 sobre la situación de la inmigración en la frontera sur de España, en la zona del Estrecho de Gibraltar.
En la nueva edición de su informe “Derechos humanos en la Frontera Sur” destaca de 2005 la muerte de 14 personas y las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los hechos ocurridos en Ceuta y Melilla en septiembre y octubre.
Sin embargo, estos acontecimientos no fueron aislados. Antes y después de los mismos también se dieron graves y continuos abusos hacia las personas inmigrantes.
Sin papeles, sin derechos
| Durante el pasado año, 368 personas fallecieron intentando llegar a España desde la frontera con Marruecos |
Aunque durante 2005 descendieron el número de pateras interceptadas (un 23%) y de inmigrantes detenidos (un 25%) con respecto al año 2004, la ONG denuncia que al menos 368 han muerto intentando emigrar de forma irregular.
Se trata de la cifra más alta de personas fallecidas desde que la APDHA empezó el seguimiento de la inmigración irregular. Por esta razón, la asociación cuestiona con fuerza las actuales políticas migratorias europeas.
A su juicio, la restricción de entrada a la Unión Europea en función de “supuestas necesidades” del mercado laboral y la economía de cada país “está chocando reiteradamente con la realidad”.
Y, como consecuencia, por ejemplo, dan lugar a “flujos migratorios que no se han detenido, pero en su mayor parte han sido obligados a desarrollarse de forma clandestina, con sus consecuencias de tráfico humano y mafias”.
Medidas desproporcionadas
Entre las numerosas irregularidades que APDHA recopila en este documento, se señala por ejemplo hacia el territorio español entre las dos alambradas paralelas, que “ha sido considerado de facto por las fuerzas de orden territorio de nadie y ha dejado de aplicar la legislación en el mismo, considerándolas un limbo jurídico”.
Se recuerdan además las deportaciones irregulares de subsaharianos, a quienes “no se les permitió ni se les asesoró sobre la posibilidad de solicitar asilo y ni siquiera obtuvieron traducción de los papeles que les obligaron a firmar”.
También responsabiliza a la Unión Europea y al gobierno español de las actuaciones que se realizan desde Marruecos, ya que “han presionado al gobierno marroquí para que asuma sus responsabilidades en el control de la inmigración ilegal” y así han desplazado el control de fronteras a países terceros “donde no existen las más mínimas condiciones democráticas y de respeto a la dignidad de las personas”.
Reflexión y cambio imprescindibles
Según la organización, con todas estas medidas “se distorsiona la realidad”, ya que la inmigración subsahariana es sólo un 4% del total de inmigrantes en España y una parte muy pequeña del monto total de los flujos migratorios hacia España.
Es decir, se aplican las medidas más restrictivas para frenar un grupo de población inmigrante minoritario en comparación con otros grupos.
El informe concluye que es “imprescindible” reflexionar sobre los resultados y consecuencias después de quince años de aplicación y endurecimiento de las políticas migratorias, “y proceder a un cambio radical de las mismas, tanto para adaptarlas a la realidad de fenómeno migratorio, como, sobre todo, para que sean escrupulosamente respetuosas con los derechos humanos”.
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Más información:
Descarga el informe, en un archivo DOC de 22 páginas
Canal Solidario-OneWorld España, 2006
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