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24 obstáculos continúan impidiendo que las mujeres puedan vivir libres de la violencia de género
Tras un año de la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género, Amnistía denuncia que las mujeres tienen más derechos pero los mismos obstáculos por la saturación de los juzgados y la falta de formación de los profesionales.
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Rocío Cameros
“Yo me arrepiento de denunciar, porque mi familia no se hubiera enterado y yo estaría en la misma situación que estoy: sin ayuda, sola, trabajando como una mula para salir adelante mis hijos y yo”.
Algunas mujeres maltratadas se preguntan por qué se les anima tanto a denunciar: “Con tu maltratador tienes un techo y comida para los niños. Ahora, encima, tengo que llevar a mi hija al punto de encuentro a otra ciudad y pagar los gastos. Es muy difícil para todas nosotras dejarlo todo: familia, amigos, trabajo, tu vida. Empezar de cero”.
Este es uno de los testimonios que recoge Amnistía Internacional (AI) en su nuevo informe “España: Más derechos, los mismos obstáculos”.
El documento valora cómo ha cambiado la situación de las mujeres maltratadas después de un año de la aprobación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género y se basa en los testimonios de mujeres, de profesionales y de representantes de organizaciones de ocho Comunidades Autónomas.
24 barreras
Mujeres que tienen que denunciar varias veces a cuerpos de seguridad diferentes, médicos que no les asisten específicamente, demasiados requisitos para acceder urgentemente a recursos como una casa de acogida, abogados que no informan a las víctimas…
AI ha detectado al menos 24 obstáculos con los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género para defender sus derechos y protegerse de sus agresores.
Son obstáculos como la falta de medidas eficaces para la detección precoz de la violencia de género en el ámbito sanitario, las dificultades de acceso a recursos de calidad, la ausencia de formación de los profesionales o la burocratización de los procesos de los juzgados especializados, entre otros.
Más denuncias, recursos colapsados
AI valora la Ley Integral como “un paso importante para la mejora de la protección de los derechos de las mujeres” ante la violencia de género que ha impulsado a las Comunidades Autónomas a establecer legislación al respecto y ha puesto en marcha instituciones como la Delegación Especial del Gobierno sobre Violencia contra las Mujeres, los Juzgados especializados y la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer.
Sin embargo, la organización muestra su preocupación por la saturación de los juzgados o por la denegación de más del 22% de las órdenes de protección.
Sobre todo teniendo en cuenta que la orden de protección “se ha convertido en requisito para acceder a recursos básicos como las ayudas económicas, las ayudas a la vivienda, o incluso, dependiendo de los territorios, la ayuda psicológica”, según señala Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional en España.
Las más vulnerables
El informe dedica atención especial a las mujeres extranjeras “sin papeles” y maltratadas.
Según AI, algunas medidas “han agravado la situación de este colectivo frente a la violencia: cuando estas mujeres denuncian corren el riesgo de acabar con una orden de expulsión si no logran obtener una orden de protección y una sentencia que condene a su agresor”.
Sin embargo, Altamira Gonzalo, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis señala que “esta vulnerabilidad está más relacionada con las políticas represivas de inmigración que con la Ley Integral”. Para ella, la evidencia de que la ley era necesaria es “el atasco que con su entrada tienen los juzgados”.
Además de esta saturación, denuncia las “zonas oscuras” que se producen con los conflictos de competencia entre tribunales y la falta de difusión de algunos de sus aspectos como la posibilidad de optar a ciertos derechos laborales.
“Las mujeres pueden cambiar de puesto de trabajo, acceder a la suspensión de contrato o cambiar de ciudad. Sin embargo ni la sociedad, ni los sindicatos ni la patronal tienen conocimiento de esto. Es un aspecto que no se ha desarrollado”, explica.
Indicadores y recomendaciones
En este informe, Amnistía Internacional dirige a las instituciones implicadas un conjunto de 40 recomendaciones y propone 18 indicadores mínimos para valorar al final de la legislatura si la ley se ha cumplido.
El pasado 28 de junio se constituía el Observatorio Estatal sobre la Violencia contra la Mujer, que pretende evaluar el impacto de las políticas y medidas que se desarrollan para erradicar la violencia de género y paliar sus efectos.
Precisamente ese día se cuentan 43 mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas.
¿Qué PueDo HaCer yo?
AI ha puesto en marcha una ciberacción para enviarle al Presidente del Gobierno una carta reclamando medidas para garantizar el acceso a los recursos adecuados y la exigencia de formación obligatoria de los profesionales, entre otras.
Más información:
No más violencia, campaña de AI que incluye el informe
Observatorio de la Violencia de la Fundación Mujeres
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