Abortar ¿sí o no? La pregunta que algunos Códigos Penales no dejan formular

De los 193 países que forman parte de la ONU, 188 permiten el aborto terapéutico si la salud de la madre corre peligro. Grupos de mujeres denuncian que en Nicaragua esto no es así, mientras en España varias entidades anuncian acciones.

Durante más de un siglo, el aborto terapéutico fue legal en Nicaragua. Pero durante la última campaña electoral el tema se convirtió en una de las principales controversias. El Frente Sandinista de Liberación Popular, que acabó ganando las elecciones y ahora está en el Gobierno, impulsó la reforma con el apoyo de los partidos más conservadores.

Ahora Nicaragua es uno de los pocos países de todo el mundo en el que se penaliza cualquier tipo de aborto. En la actualidad, en 188 de los 193 países que forman parte de Naciones Unidas, el aborto terapéutico está permitido cuando la salud y la vida de las madres embarazadas están en peligro.

Por ese motivo, desde hace dos años, el 26 de octubre está declarado en Nicaragua como el Día Nacional de la Indignación. La celebración la llevan a cabo grupos de mujeres y sirve para recordar que ese día del año 2006 el Gobierno del país prohibió el aborto terapéutico y que, desde entonces, cualquier tipo de aborto es ilegal.

“Hay leyes que la Asamblea Nacional tarda en aprobar años pero la del aborto se aprobó en sólo tres semanas”, explica Bea Hubert, miembro del Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Según esta organización, el principal problema sobre esta cuestión en el país es la “desinformación” que existe, sobre todo en las comunidades rurales porque “se han utilizado los medios de comunicación, en especial las radios, para influenciar a la gente”.

A causa de la nueva legislación, “hay mujeres que llegan al hospital con embarazos de alto riesgo y complicados y que han muerto porque el personal de salud no quiere exponerse a infringir la ley y pasar 30 años en la cárcel”, advierte Bea Hubert. En concreto, en el primer año de aplicación de la ley, han muerto 80 mujeres en Nicaragua “por la mala atención en los servicios públicos de salud o por la negligencia en ellos o por el miedo que ha generado en la sociedad la penalización de cualquier interrupción de embarazo”, señala el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Otras entidades como Human Rights Watch también han alertado de esta situación.

En este contexto, esta organización ha analizado la situación de más de 3.000 mujeres que se quedaron embarazadas sin desearlo. “La mayoría eran jóvenes, una cuarta parte menores de 19 años; casi todas tenían estudios de primaria, trabajo no remunerados o mal pagados, y no tenían un espacio donde compartir sus inquietudes”, dice Bea Hubert. El principal motivo para la irrupción del embarazo era “económico” y la “inestabilidad”que vivían las mujeres y, además, “impresiona que el tiempo entre la primera regla y el primer embarazo es tan sólo de un año”, añade.

Por todos estos motivos, desde el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y otras entidades de mujeres de Nicaragua piden al Gobierno que dé marcha atrás y que no penalice “ninguna forma de aborto”, así como que garantice “servicios de salud seguros y de calidad” y que apueste por la educación sexual. Se trata de tener “derecho a decidir, que el aborto sea legal y seguro para que no mueran mujeres, y que haya acceso a anticonceptivos”, apunta Hubert.

Desde el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en cambio, su diputado Edwin Castro explicaba durante el proceso de elaboración de la nueva ley sobre el aborto en Nicaragua que la medida no tenía que ver con la política y que perseguía la “protección a la vida y, de ninguna manera, obedecía a acciones electorales”. El FSLN reformó la ley del aborto con el apoyo de casi todos los partidos políticos del país y vio apoyada su iniciativa desde sectores como las iglesias católica y evangelista, que recogieron más de 200.000 firmas.

Mujeres movilizadas en España

Las movilizaciones que desde hace casi dos años llevan a cabo grupos de mujeres nicaragüenses no son acciones aisladas a favor de los derechos sexuales y reproductivos. En el Estado español, la controversia surgió el pasado mes de diciembre, cuando se detuvo a profesionales que practicaban abortos en clínicas habilitadas y a mujeres que habían abortado. La legislación en España actual despenaliza parcialmente el aborto desde 1985 y, además, el Estado español ratificó el derecho a decidir y a la salud sexual y reproductiva en la conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 y en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing de 1995.

Grupos de mujeres de varias ciudades de España pusieron en marcha una campaña por el derecho al aborto que aún se lleva a cabo y que hace varias semanas entregó en varios juzgados miles de firmas de mujeres que se autoinculpaban por haber abortado o por haber acompañado a abortar a otra mujer. El objetivo de estas acciones, que continuarán durante el 2008, es exigir que el aborto “salga del Código Penal” y que haya “formación de especialistas”, afirma Montse Cervera, miembro de la Campaña por el Derecho al Aborto.

Un estudio realizado por 12 entidades miembro de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado Español hace un año explicaba que la práctica del aborto en España “presenta una situación muy diferenciada según la Comunidad Autónoma de la que se trate” y decía que “no se ha avanzado en la normalización del aborto como prestación sanitaria en la red pública y que, en la mayoría de las comunidades autónomas, cada vez existen menos servicios públicos”.

“Sólo el 3% de los abortos se hacen en estos momentos en el sistema público español”, apunta Montse Cervera.

En este contexto, en los últimos meses la Federación de Mujeres Progresistas ha defendido que cualquier modificación de la ley del aborto en España “debe ser para mejorar los derechos de protección y seguridad de las mujeres adquiridos en 1985”. Según la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Rosa Peris, la actual normativa tiene “grandes deficiencias” y debería abrirse un debate sobre el tema.

El Instituto de Política Familiar, en cambio, pedía una reforma de la ley para evitar el “fraude” que, en su opinión, se da en estos momentos porque en un año pueden llegar a realizarse 100.000 interrupciones del embarazo alegando “riesgo psicológico de la madre”. Para el Foro de la Familia, aprobar una ley que permita el aborto libre sería “inconstitucional” y cualquier reforma se debería someter a referéndum.

Desde los grupos políticos, durante la campaña electoral José Luis Rodríguez Zapatero invitó al PSOE a reflexionar si es necesario o no realizar modificaciones en la actual ley del aborto, algo a lo que se opone el Partido Popular, que apuesta por aplicar la ley actual.

Derechos sexuales y reproductivos en la cooperación al desarrollo

Tanto Montse Cervera como Bea Hubert hablaron de la realidad del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos en España y Nicaragua en una jornada organizada hace unos días por la ONG Entrepobles, en Barcelona.

En esta línea, esta entidad afirmaba que las organizaciones no gubernamentales todavía tienen mucho que hacer en este ámbito porque hablan de derechos sexuales y reproductivos pero, “en lo concreto, las argumentaciones parecen de los años 80”, en referencia al aborto.

En Cataluña, por ejemplo, “el Plan Director de Cooperación habla de salud sexual y reproductiva pero lo reduce a cuestiones maternoinfantil y aún queda por profundizar”, explica Entrepobles, que dice que “se ha avanzado más en el marco de la AECI”, que habla del derecho a decidir si se tiene hijos o no, de medidas para promover la maternidad sin riesgos y del derecho a no sentirse discriminada ni a sufrir violencia. “Las organizaciones no tienen muchas excusas para no entrar en el debate, porque existe una base y unos derechos adquiridos”, concluye.

Más información:
Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas en España
Colectivo de Mujeres de Matagalpa
Entrepobles
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