Argelia: autoamnistía, olvido y silencio

“Asistimos hoy en Argelia a una última tentativa de eliminación de la verdad y liquidación de la justicia (…) La intención manifiesta del legislador no puede acallar el ruido de botas, y es que nadie ignora que los generales golpistas, detentores del poder real, antiguos jefes de la guerra sucia, lo son ahora también de la farsa democrática”.

Con esta sentencia lapidaria saluda el observatorio de los derechos humanos Algeria Watch la aprobación, el pasado 27 de febrero, del “Decreto de realización de la Carta por la paz y la reconciliación nacional”, un proyecto del presidente del país, Abdelaziz Bouteflika para, según la versión oficial, favorecer el entendimiento, dejar atrás el odio y pasar definitivamente la página del enfrentamiento civil.

Ciudadanos, víctimas y familiares de torturados, asesinados y desaparecidos, organizaciones de defensa de los derechos humanos, intelectuales y periodistas consideran, sin embargo, que se trata de una certificación oficial de la impunidad que los criminales de los oscuros años de guerra civil ya disfrutaban de facto. Todos: islamistas, militares y milicianos de fuerzas civiles puestos a disposición de la maquinaria represora del estado.

A grandes rasgos, la ley prevé medidas de gracia para los detenidos y condenados que no hayan cometido matanzas colectivas o colocado bombas en lugares públicos. Además, incluye un período de seis meses para que los terroristas aún en activo se entreguen y se libren de comparecer ante la justicia. Como veremos, en lo particular, a lo largo de sus siete capítulos la ley va mucho más allá.

Institucionalizar el olvido

Bouteflika, legitimado por el silencio de Occidente y por el apoyo, al menos teórico, de una sociedad maniatada y harta de tanta violencia (en su mayor parte generada por el Estado) ha presentado estas medidas como cumplimiento de una ley ya promulgada en 1999 y de un proyecto sometido a referéndum el pasado 29 de septiembre.

Entonces, ante las protestas de observadores internacionales y organizaciones locales, los argelinos aceptaron el proyecto de “reconciliación” con un 80 por ciento de participación y un 98 por ciento de votos a favor de la Carta. En su momento, el presidente prometió que sometería al proyecto a la votación del parlamento. A la hora de la verdad, lo ha aprobado en unas fechas en las que la cámara se encontraba cerrada con lo que ha evitado su refrendo.

Estas maniobras tan propias de alguien que nunca ha sentido ningún respeto por la democracia no son, ni mucho menos, lo peor de esta ley que borra cualquier esperanza de justicia para las miles de víctimas de la guerra civil.

El conflicto se inició en 1992 cuando, ante la inminente victoria del Frente Islámico de Salvación (FIS), un grupo de generales suspendieron las elecciones, declararon el estado de emergencia y promulgaron una ley antiterrorista que les daba carta blanca para la violación de todos los derechos fundamentales de una población asediada por los dos bandos.

Porque eso no puede quedar en duda: los islamistas son responsables directos de la guerra y del asesinato de miles de personas y han de pagar por ello ante la justicia. Lo que ocurre es que, al parecer, quienes se reivindican como garantes de un Estado de derecho que no existe parecen los menos interesados en que la justicia y las reparaciones se conviertan en la norma.

Lo que ocurre después es de sobra conocido. Entre 150.000 y 200.000 muertos, especialmente en los años que van de 1993 a 1998; al menos 15.000 desparecidos (el segundo país del mundo por detrás de Bosnia); decenas de miles de torturados, un millón y medio de personas desplazadas y medio millón de exiliados. Son estas víctimas y sus familiares las que sufren las consecuencias del olvido y el silencio impuestos por ley.

Amnistía a la carta

Lo más grave de este proyecto de Buteflika, que en realidad se inició en 1997 en el curso de unas conversaciones secretas militares- islamistas, no es que deje escapar a la causa de la justicia los miles de crímenes cometidos por los terroristas islámicos durante la guerra civil, que lo es. Peor aún es que en ningún momento, ni una sola línea de esta Carta para la reconciliación hace referencia, siquiera de manera indirecta, a la responsabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en las masacres.

Mohamed Médine, jefe del temible Centro de Investigación y Seguridad (DRS, en sus siglas en francés); su adjunto Samaïl Lamari, Mohamed Lamari, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa o Khaled Nezzar, ex ministro de Defensa, son la cara visible de un maquinaria represora que se ha cobrado miles de vidas y cuya actividad criminal va camino de quedar impune.

Pero estos verdaderos reyes de la República no sólo torturaban en los terribles centros de detención y muerte Benaknoun, Blida o la gendarmería de Birkhadem. No. Además, en su estrategia de terror infiltraron a sus esbirros en los grupos más radicales de los islamistas, especialmente el Grupo Islámico Armado (GIA), y participaron directamente en las masacres que bañaron de sangre el país en 1997.

El que crea que quien esto escribe es un amante de las teorías de la conspiración sólo tiene que consultar el informe “Algérie: La machine de mort”, publicado por Algeria- Watch en octubre de 2003 y que puede consultarse en su web. El informe no sólo incluye 300 testimonios contrastados de víctimas y familiares sino que, en un afán de rigor sin precedentes en el país, detalla en un dossier las direcciones, planos y distribución de la cadena de mando de los principales centros de tortura del país.

Ley del silencio

Es más, el propio sistema ha sufrido sus filtraciones. Nadie mejor para contar lo que ocurrió en estos oscuros años que Habib Souaïdia, ex lugarteniente de las fuerzas especiales entre 1992 y 1995 que en su libro, “La guerre sale” (La guerra sucia), deja detallada constancia de la responsabilidad del estado en las masacres de aquellos años. Casualidad: en un estado que garantiza la impunidad para los criminales, Souaïdia es el único implicado condenado a muerte por un tribunal argelino. Aviso para navegantes.

Pero esa mordaza tan poco sutil está lejos de ser la única. Según denuncian en un comunicado conjunto las ONG Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Centro Internacional para la Justicia Internacional y la Federación Internacional de Ligas de Derechos del Hombre, la propia ley, en su artículo 46 recoge “penas de prisión de tres a cinco años a quienes, por sus declaraciones, escritos o cualquier otro acto, utilicen o instrumentalicen las heridas de la tragedia nacional para denunciar a la República de argelina, democrática y popular”.

Es decir, la ley penaliza a las mujeres, madres e hijos de los miles de desaparecidos, condenados a no preguntar nunca más por los suyos, menos aún a convertir la certeza de la responsabilidad del Estado en la suerte de sus familiares en causa judicial. Por si queda alguna duda o algún espacio de impunidad por cubrir, los artículos 44 y 45 imposibilitan cualquier proceso contra cualquier ciudadano que haya “hecho fe de su patriotismo”, eufemismo que oculta la creación de un espacio de negación de la responsabilidad de las milicias ciudadanas creadas por el gobierno a partir de 1994.

Mustafa Buchachi, abogado defensor de los derechos humanos en Argelia en una entrevista que concedió a la Agencia de Información Solidaria en abril de 2004 afirmaba premonitoriamente: “No podemos pasar página sin saber qué ha pasado. Así no se construye una democracia, un estado de derecho. Durante su presidencia, Buteflika no ha tenido ni la voluntad política ni los medios. La cuestión es ¿El presidente no quiere investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos¿ ¿O no quiere perjudicar al poder oculto? Es una pregunta que queda en el aire”. Ahora ya conocemos la respuesta.

(*) Artículo publicado en la Agencia de Informaciones Solidarias