Asesinan a otros dos activistas medioambientales contrarios a la explotación minera en El Salvador

Se intensifica la campaña de amenazas, persecución y violencia contra las organizaciones ecologistas contrarias a la minera canadiense Pacific Rim.

El pasado 20 de diciembre varios desconocidos asesinaron a tiros en el municipio de Sensuntepeque (Cabañas) a Ramiro Rivera, miembro destacado del Comité Ambiental de Cabañas y rostro visible del movimiento popular contrario a la explotación minera en este departamento. Junto a él, murió también Felicita Echeverría, de 57 años de edad y familiar de Rivera, y resultó herida una adolescente de 13 años.

Anteriormente, el pasado mes de agosto, Ramiro Rivera fue gravemente herido cuando recibió ocho impactos de bala aunque iba escoltado por dos miembros de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. A esta muerte se une la desaparición, el pasado mes de junio, de otro líder de la comunidad y activista medioambiental, Marcelo Rivera, que fue encontrado muerto 12 días después, con graves signos de tortura.

Ambos activistas habían destacado por oponerse a la empresa canadiense Pacific Rim, que pretende explotar un yacimiento de oro en el municipio de San Isidro. La compañía opera en El Salvador desde el año 2002, pero la fuerte oposición popular a este proyecto y las irregularidades encontradas en su Estudio de Impacto Ambiental han hecho que el gobierno salvadoreño le haya denegado el permiso de explotación del terreno. En respuesta, la compañía ha demandado a El Salvador por “violación de una inversión” y pide, en concepto de indemnización, 100 millones de dólares.

Paralelamente, los casos de represión, amenazas y violencia se han incrementado alarmantemente en los últimos meses, poniendo en grave riesgo la seguridad e integridad física de los miembros de las diferentes organizaciones sociales movilizadas en contra de este proyecto minero. El sacerdote católico Luis Alberto Quintanilla fue interceptado el 27 de julio mientras viajaba en su coche y sufrió un intento de secuestro, logrando huir por las montañas.

Los periodistas de la emisora comunitaria Radio Victoria, por su parte, son objeto de una campaña de persecución y amenazas de muerte. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, pidió protección policial para tres de ellos, dado el alto riesgo que corren sus vidas. Otros activistas como Miguel Rivera, hermano de Marcelo, y Héctor García Berrios, abogado e investigador de los casos, también han recibido amenazas de muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decretado medidas cautelares en estos dos últimos casos y también para los periodistas de Radio Victoria, obligando al Estado de El Salvador en ofrecerles protección policial.

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, plataforma que agrupa a más de una decena de ONG salvadoreñas, ha denunciado que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República han cometido serias irregularidades en la investigación del asesinato de Marcelo Rivera. Para la Mesa, la catalogación de este crimen como violencia común impide indagar en la autoría intelectual del mismo.
Por todo ello, - y uniéndonos a las reclamaciones que hace la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-, pedimos a las autoridades salvadoreñas:

• Que se investiguen los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de Ramiro Rivera, Felicita Echeverría y Marcelo Rivera, todos ellos destacados activistas locales en contra de la actividad minera de Pacific Rim en el departamento de Cabañas.

• Que se implementen medidas de protección eficaces a líderes comunales, representantes de organizaciones ciudadanas, activistas religiosos y periodistas comunitarios perseguidos y amenazados de muerte, debido a su compromiso con la defensa del medio ambiente.

• Que se acaten las recomendaciones hechas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relativas a la seguridad de dichos activistas medioambientales.

• Que el Ejecutivo salvadoreño promueva una Ley de Minería que prohíba expresamente la exploración y explotación minera en El Salvador, dada la grave alteración ambiental que provocan este tipo de proyectos y las nefastas consecuencias medioambientales que supone su implementación.