Attac habla de retroceso en la política social europea tras la aprobación de la directiva Bolkestein

El pasado 15 de noviembre, el Europarlamento adoptó de manera definitiva la directiva europea de liberalización de servicios, conocida como Directiva Bolkestein. La aprobación del texto tiene lugar después de tres años de intensos debates en el seno de la Unión Europea y tras muchas críticas de movimientos sociales y organizaciones como Attac.

En concreto, la directiva pretende desarrollar un sector que representa el 70% del PIB de la UE pero que únicamente significa el 20% de los intercambios entre los Estados miembro. Según el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, la normativa que acaba de aprobarse supondrá un “equilibrio entre la apertura de servicios y el respeto a las normas sociales”. En este contexto, el texto no afectará directamente a sectores como el de la salud.

Sin embargo, entidades como Attac son muy críticas con el texto y advierten que la nueva directiva europea apuesta más por las políticas liberales que por proteger los servicios sociales y los derechos ciudadanos y que contiene fórmulas “ambiguas” sobre los servicios públicos y la protección de los consumidores. “La aprobación de esta directiva contribuirá a ahondar el proceso de liberalización de las políticas europeas”, afirma Attac.

Una de las cuestiones más polémicas recogidas en el texto es el llamado ‘principio del país de origen’, que estipula que una persona que, de manera puntual, ofrece su fuerza de trabajo en un país ajeno al suyo estará igualmente sometida a las leyes de su país de origen. Esto podría significar, según las organizaciones sociales, no sólo diferencias salariales sino también de derecho de sindicación y de derechos básicos de los trabajadores.

Para Attac, esta cuestión es un “peligro” para los derechos fundamentales y va acompañada de otras similares, como la que establece que los servicios públicos de sectores de alta tecnología o en áreas técnicamente poco desarrolladas “podrán ser privatizados forzosamente”.

La ONG también hace referencia al poder de regulación de los servicios públicos en las administraciones públicas, “que verán en la práctica la imposibilidad de llevar a cabo ‘pruebas de necesidad económica’ previas a la implantación de nuevos servicios, lo que deja a las ‘libres fuerzas del mercado’ la decisión final sobre la organización y distribución territorial de los servicios públicos”.

¿Hacia una Europa social?

En principio, la nueva directiva europea de liberación de servicios será adoptada formalmente por los 25 Estados miembros a finales de este 2006. Una vez entrada en vigor, los Gobiernos nacionales dispondrán de dos años para trasladar la normativa a sus legislaciones y empezar a aplicarla.

En esta línea, desde Attac apuntan que, con políticas de la importancia de la Directiva Bolkestein, la Unión Europea se juega el decidir si sus políticas apostarán por proteger los servicios sociales o impulsar el mercado.

“Por encima de la cuestión de los servicios está el concepto mismo de la integración europea de decidir si deseamos un marco legal que armonice al alza nuestra legislación de protección social o más bien aceptamos que esta armonización se lleve a cabo por las reglas de la competencia y del mercado que lo harán irremediablemente a la baja”, reflexiona la organización.

Más información:
En la página web de Attac
Web de la campaña contra la Directiva Bolkestein

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