Comienza juicio contra México por las mujeres muertas en Ciudad Juárez
México es juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la presunta impunidad, falta de investigación y de actuación, frente a los asesinatos de mujeres que se llevan cometiendo en Ciudad Juárez en la última década.
Los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña se encargarán de la acusación en un proceso que sólo se centrará en los casos de tres mujeres asesinadas en el conocido caso del Campo Algodonero, ocurrido en el año 2001. En total fueron ocho los cadáveres encontrados en este lugar, una zona de trabajo situada a las afueras de Ciudad Juárez, pero cinco de los cuerpos no fueron identificados a tiempo de presentar la acusación.
Emilio Ginés, miembro del Comité Europeo de Prevención de la Tortura que asesorará a los dos abogados mexicanos, considera que no sólo se va a juzgar el caso de las tres mujeres, sino el de todos los asesinatos que se llevan cometiendo en esta ciudad mexicana desde 1993 y también el de todas las mujeres que sufren este tipo de violencia en América Latina. Se calcula que, en Ciudad Juárez, desde ese año, más de mil mujeres han sido violadas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer.
Pero a la crudeza de estas muertes y el dolor de las familias se une el hecho de que en la mayoría de los casos los asesinatos o desapariciones no se investigan, no se recogen pruebas y las evidencias que pueden recabarse se pierden o son manipuladas. A juicio del abogado español, “existe un manto protector hacia los asesinos” y las familias se encuentran sin ningún apoyo por parte de las autoridades.
Reparación de las familias
La acusación pide una reparación total de las familias de las víctimas, pero no sólo económica, sino con la detención de los culpables. Para ello, reclama que la Procuraduría federal (Fiscalía) sea la que se encargue de estos casos, y no las procuradurías estatales, que pueden estar más influidas por el crimen organizado.
También se insta al Estado mexicano a que investigue las denuncias existentes de las familias de las víctimas, que sufren amenazas, hostigamiento y persecución, y que proceda a la dignificación de la memoria de todas las mujeres asesinadas.
Según Ginés, los asesinatos que se cometen en Ciudad Juárez son, por sus características, “crímenes de lesa Humanidad”, por lo cual la sentencia de la CIDH constituirá un caso paradigmático que sentará un “precedente jurídico, afectando a toda la sociedad internacional y a sus tribunales”.
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