Detenciones de inmigrantes: la ilegalidad que no cesa

“Las fuerzas de seguridad del Estado están actuando al margen de la ley”. Así se manifestó la catedrática de Derecho Penal de la UCM Margarita Martínez Escamilla. Ella, junto a un numeroso grupo de juristas trabaja desde hace años en denunciar los abusos, tanto “legales” como ilegales, que está cometiendo el Estado en su “lucha contra la inmigración”, vulnerando “los derechos fundamentales de cualquier ser humano”.

El grupo de juristas “Inmigración y Sistema Penal” lleva tiempo analizando diversas medidas policiales, como los controles masivos de identidad que conducen hasta la comisaría cada día a cientos de inmigrantes en situación irregular. Esto es, a juicio de este grupo de juristas, un ejemplo más de esta persecución de los inmigrantes que se hace en nuestro país. Una práctica que, según afirman, es ilegal. Así lo denuncian en un informe que presentaron en la Facultad de Derecho, y que ha tenido como primera consecuencia la presentación de una queja ante el Ministerio del Interior, que ha sido firmada por 141 asociaciones sociales y de defensa de los inmigrantes.

Como explica José Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, el derecho a la libertad sólo puede ser restringido en caso de previsión legal expresa, ya que es un derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona del que gozan en igualdad de condiciones nacionales y extranjeros. Por ello, los requerimientos policiales para la conducción a dependencias policiales deben ser considerados una modalidad de privación de libertad.

Se descarta la pretensión de que la conducción a comisaría de un ciudadano extranjero documentado pueda realizarse bajo la figura de “detención preventiva”, ya que ésta “sólo cabe ante supuestos de comisión de ilícitos penales, lo que, evidentemente, no es el caso de la eventual estancia irregular en España, que es un mero ilícito administrativo”, afirma el profesor Sánchez Tomás.

El informe también descarta la posibilidad de la detención cautelar, que sólo puede adoptarse desde el momento que se tramite un procedimiento sancionador, y en él se proponga la expulsión, lo que tampoco ocurre en estos supuestos.

La conclusión del estudio es que si el extranjero, aún estando en situación irregular en territorio nacional, está perfectamente identificado (basta con un pasaporte en regla) no cabría adoptar en ese momento ninguna medida restrictiva de su libertad.