Dos años bajo tierra: las viudas piden justicia en Pasta de Conchos (México)

La madrugada del 19 de febrero de 2006, un accidente provocó la muerte de 65 trabajadores de la mina de Pasta de Conchos, al norte de México. Hasta la fecha, sólo dos cuerpos han sido rescatados, el resto, permanece sepultado en el interior de los túneles colapsados. Las viudas, otros familiares de las víctimas y los supervivientes aseguran que la empresa incumplía la ley en materia de seguridad.

La mina se encuentra en el estado de Cohauila, conocido como la ‘Región Carbonífera’. La minería es allí la principal actividad económica, pero no siempre se cumplen las medidas de seguridad y los accidentes proliferan: entre 1884 y 2007 murió un minero cada tres días en la zona.



Silvia Verónica Cruz (en la fotografía), de 37 años, ha enviudado en dos ocasiones a causa de sendos accidentes mineros. Su primer marido, Jesús Cortés, falleció hace 19 años; el segundo, Margarito Cruz Ríos, falleció en el accidente de Pasta de Conchos. En su dormitorio tiene un pequeño altar dedicado a ellos (en la imagen, contempla las fotografías de sus maridos. “Cuando vino mi hermano a decirme que había habido un accidente, no me lo podía creer: otra vez lo mismo.” Añade: “La empresa pensaba que nos retiraríamos de la mina, pero no. Quieren cerrar Pasta de Conchos, pero no lo permitiremos: mientras nuestros maridos sigan ahí, la mina sigue abierta.” Silvia ha montado una papelería en el pueblo de Palaú, donde vive, que abre por las mañanas: las tardes las pasa en Pasta de Conchos, con otros familiares.

Rechazo de indemnizaciones y vigilancia de la mina

Cada día desde que ocurrió el accidente de Pasta de Conchos, familiares de los fallecidos acuden a la mina, cuya actividad está paralizada desde el accidente. Las labores de rescate se interrumpieron a las pocas horas del siniestro, cuando se perdió la esperanza de rescatar a los accidentados con vida. Pero recientemente, Industrial Minera México y General de Hulla ha ofrecido 5 millones de pesos para indemnizar a las víctimas. Muchos de los afectados los rechazan: “no quiero nada que venga de la empresa”, explica Elvira Martínez, viuda de Jorge Vladimir Muñoz Delgado. Su vida dio un giro radical no sólo por la pérdida de su marido, sino también porque desde el accidente se ha entregado en cuerpo y alma a batallar contra empresas y administraciones. Sigue exigiendo una investigación profunda de las condiciones en que se produjo el siniestro.


Los familiares piden que se reanuden las labores de rescate: aseguran que la empresa se niega a hacerlo para ocultar su incumplimiento de las medidas de seguridad que impone la ley. Los familiares, por su parte, han conseguido el compromiso de expertos a nivel internacional que no sólo sugieren que el rescate es posible, sino que se comprometerían a dirigir la operación una vez que la compañía y el Gobierno diesen su visto bueno. El fin de la contienda, con todo, no parece cercano. De poco parecen haber servido hasta la fecha las marchas hasta México D.F. o las acampadas de protesta, como las que actualmente tienen lugar frente a las oficinas de la compañía, en la capital del país, y en la entrada de la mina.



Raúl (en la foto con su esposa), que perdió a su hijo, recibe una paga de los demás familiares para realizar una vigilancia permanente del acceso a los túneles de la mina. Se turnan para que haya alguien constantemente: en un cuaderno de bitácora apuntan todo lo que entra y sale de allí. “El cable que sacaron los primeros días estaba lleno de empalmes”, sostiene Raúl, “por ahí pudo saltar la chispa que provocó la explosión. No se cumplían las medidas de seguridad, y eso es responsabilidad de la empresa”.


La reivindicación se ha intensificado en las últimas semanas: recursos legales, peticiones en el congreso mexicano, marchas en D.F. Decenas de asociaciones –entre ellas varias españolas- han manifestado su apoyo a los afectados, unidos por el grito: “¡A una voz, rescate ya!”.

Teresa estaba estudiando derecho cuando el accidente. “Hoy sigo, pero por libre: sin mi esposo a mi lado, no tengo dinero para pagar el título. Mis estudios me sirven para entender lo que me dicen, sin que nadie me pueda manipular”.

(*) Daniel Méndez es fotoperiodista. Las fotografías de su reportaje pueden verse aquí.


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