El derecho a la tierra supone amenazas de muerte para ONG y población indígena en Bolivia

El 30 de enero acaba el ultimátum que los terratenientes de la región boliviana de Riberalta, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, dieron hace unos días a los indígenas, campesinos y a las entidades sociales que les apoyan para que abandonen la región. Aunque el Tribunal Agrario Nacional otorgó hace años parte de la tierra a la población local y en la actualidad el Estado tiene en marcha los trámites para reconocer los derechos sobre la tierra de indígenas y campesinos de esta región del norte amazónico, la presión ejercida por los latifundistas del lugar es cada vez mayor y goza de total inmunidad.

La denuncia la hacen el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), dos de las entidades amenazadas que trabajan en la zona por los derechos de las comunidades de Riberalta y los alrededores. Según estas organizaciones, las presiones para abandonar las tierras se extienden también a la población local y a otras entidades como el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo y el Instituto para el Hombre y la Ecología.

“El uso de la violencia y el amedrentamiento se han convertido en los métodos más utilizados por determinados grupos de poder que buscan a toda costa mantener sus privilegios y eludir el cumplimiento de los derechos y deberes constitucionales”, explican desde el CIPCA. La misma advertencia hace el CEJIS, que afirma que después de que un grupo de hombres asaltara hace unos días su oficina y destruyera numerosos documentos relacionados con la propiedad de la tierra, la Policía sólo le ha recomendado el cierre temporal de su local hasta la llegada de una comisión gubernamental.

Las amenazas se intensificaron el pasado 5 de enero, cuando un grupo de 30 personas de la Asociación Agroforestal de Riberalta saqueó y destrozó documentación que prueba la existencia de latifundios en tierras que son propiedad indígena. Los asaltantes, enviados por los latifundistas de la zona y con contactos en la esfera política regional, dieron de plazo hasta el 30 de enero para que la comunidad desaloje el lugar.

En este contexto, ONG que trabajan sobre el terreno piden a la población y a la comunidad internacional que presione a las autoridades bolivianas para que protejan los derechos de las comunidades. En una carta dirigida al Presidente de Bolivia, Carlos Mesa, las entidades exigen “medidas de protección” para los trabajadores de las organizaciones sociales que apoyan a la población indígena y campesina de la zona, así como “sanciones judiciales” contra los responsables directos e indirectos de las amenazas y coacciones.

A pesar de que la legislación reconoce los derechos de campesinos e indígenas sobre parte de las tierras y los recursos naturales de Riberalta, en la zona están implantados numerosos latifundistas que concentran la tierra y mantienen un sistema de explotación laboral de la mano de obra local. Desde hace años, esta situación es denunciada por entidades como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, que tiene en marcha programas en colaboración con organizaciones internacionales como Oxfam Internacional.

Más información:
Comunicado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)
Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas

Canal Solidario-OneWorld 2005