El gobierno se salta la ley: manifiesto a favor del voto accesible para personas ciegas

Hasta las elecciones generales de 9 de marzo de 2008, las personas con discapacidad visual, no podían ejercer su derecho al voto de forma autónoma y secreta como garantiza la Constitución a todos los ciudadanos. El artículo 87 de la Ley Electoral, les obligaba a servirse de “una persona de confianza” para escoger la papeleta e introducirla en el sobre de votación.

Desde 2004, la Asociación Catalana para la Integración del Ciego (ACIC), reivindicó el establecimiento de un sistema que garantizase a este colectivo, mediante el uso del braille, el secreto y la autonomía en el ejercicio del voto, equiparándonos así a la legislación de otros países como Suecia y Alemania en el ámbito europeo, y otros latinoamericanos como El Salvador, Bolivia, o Costa Rica, donde ya se garantiza.

En octubre de 2007, se aprobó la reforma de la Ley electoral, aunque, para conseguirlo hizo falta una larga lucha que incluyó la recogida de 21.011 firmas registradas en el Congreso de los Diputados en Marzo de 2005, varias proposiciones no de ley aprobadas en los parlamentos de Andalucía, Valencia, y Galicia, y en el Congreso de los Diputados, manifestaciones, reclamaciones ante las juntas electorales, El Sindic de Greuges, el Defensor del Pueblo, y ante los Tribunales, y una campaña de mociones aprobadas por los Ayuntamientos, en que 103 municipios catalanes y de toda España apoyaron la iniciativa.

Así, la Ley Electoral reformada, en su artículo 87.2, autorizó al Gobierno a regular un procedimiento que garantice el secreto del voto a las personas con discapacidad visual en todos los procesos electorales. Tras su desarrollo por el Gobierno, ello ha permitido votar secretamente por primera vez en la historia democrática a 1623 (300 en Cataluña) personas en las elecciones generales de marzo de 2008.

Pero el Real Decreto 1612/2007, que estableció este procedimiento excluyó expresamente de su regulación las elecciones municipales, que quedaron a regulación posterior condicionada a la evaluación por parte del Gobierno del funcionamiento del sistema recién implantado. (Disposición Adicional única del RD.).

Pese a lo previsto en dicha norma, y a la aprobación en Septiembre del año pasado de una Proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en el mismo sentido, el Gobierno no ha procedido a evaluar el funcionamiento del sistema, y no ha regulado un sistema que garantice el voto secreto y autónomo a los invidentes en las elecciones municipales. El procedimiento vigente para el resto de comicios, ha demostrado su validez, ha tenido éxito entre el colectivo, y es viable económicamente, porque la documentación en braille, se facilita a solicitud del interesado.

Su no implantación, es un problema de voluntad política.
Ello supone que, con toda probabilidad, en las elecciones municipales del próximo 22 de mayo, las personas ciegas no podrán votar de forma secreta y autónoma.

Por ello, desde la ACIC, hemos decidido volver a la lucha, e iniciar una serie de acciones encaminadas a reivindicar esta situación ante la sociedad, denunciar ante la opinión pública el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno, y forzarle a cambiar de actitud.

Campaña de aprobación de mociones en Ayuntamientos
Desde la ACIC, hemos iniciado una campaña de aprobación de mociones en los Ayuntamientos instando al Gobierno a garantizar nuestro derecho de voto secreto en las municipales de mayo.

Por el momento, se ha aprobado en Gelida, Barcelona, Rubí, Ripollet, Cerdanyola del Vallés, Zaragoza, Berga, etc. Esperamos que sean muchos más los que se sumen.

Campaña de recogida de adhesiones de personas y organizaciones
Desde hoy, está disponible en nuestra web, un manifiesto de adhesión al que quien quiera puede sumarse.

El objetivo es recoger cuantos más apoyos mejor, y presentar este manifiesto y estas adhesiones a la clase política, y a los medios de comunicación para concienciar de la situación.

Denuncia al gobierno español, ante las instancias oficiales, y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos
La ACIC, se ha dirigido a la Junta Electoral Central (JEC), al Defensor del Pueblo, y a organizaciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos. La actual situación, vulnera el Artículo 29 de la Convención de Derechos Humanos de personas con discapacidad, recientemente ratificada por el Estado Español. Esperamos conseguir apoyos en ese sentido.

Desde la ACIC, confiamos que el Gobierno Español cambie su actitud, y garantice nuestros derechos ciudadanos, tal y como viene obligado, y seguiremos luchando hasta conseguirlo.