El nuevo Reglamento de la Ley del Menor olvida los aspectos educativos, según APDHA
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía advierte que el nuevo Reglamento de la Ley Penal del Menor prima las medidas coercitivas y dedica una “raquítica mención” a las medidas formativas.
Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ya ha anunciado que recurrirá a los tribunales para que declaren “ilegal” el texto, el nuevo Reglamento de desarrollo de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor es “inconstitucional y contrario a los tratados internacionales”, ya que trata a los menores “como mayores” e incide más en los aspectos coercitivos que en los formativos.
El Reglamento se publicó el pasado 30 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en marzo de 2005; su propósito es regular las acciones a seguir en los centros de internamiento de menores. Los artículos más destacados del documento legal son los que se refieren a Vigilancia y seguridad y Medios de contención, que permiten el cacheo en desnudo integral y el uso de las defensas de goma, la sujeción mecánica y el aislamiento provisional.
El registro con desnudo integral se llevará a cabo “cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el menor oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas”, aunque deberá realizarla una persona “del mismo sexo”, “con autorización del director del centro” y notificación previa al juez de menores y al fiscal de guardia, cita el reglamento. Si el resultado del registro no diera resultado pero continuasen las sospechas, el director del centro podrá solicitar la aplicación de otras medidas.
En este contexto, desde la APDHA exigen al Gobierno que reconsidere el contenido de esta nueva normativa, que en su opinión es incluso más dura que el Reglamento Penitenciario de mayores, y pide que apueste por “más medidas alternativas al internamiento” y por el uso de “recompensas y créditos a los menores con buen comportamiento” para potenciar las actitudes positivas. “La solución no pasa por internamiento en centros sino por educación”, afirma la ONG, que critica la libertad que el Reglamento deja a los centros de internamiento para definir cuestiones como los horarios de las actividades, la posibilidad de realizar trabajos no remunerados y las normas de vestuario.
“Es triste que tres cuartas partes de los artículos del Reglamento se dediquen a regular el régimen del internamiento: separación, traslados, comunicaciones, permisos, vigilancia y seguridad, medios de contención y régimen disciplinario; olvidando que lo importante es que el menor siga formando parte de la sociedad”, añade la organización.
Duras medidas de aislamiento
Asimismo, el texto afirma que en caso de indisciplina, las sanciones que se podrán imponer a los menores pueden suponer su separación del grupo “por un tiempo de tres a siete días” en los casos de faltas muy graves, una medida “sorprendente” y “más dura” que las tipificadas en el Reglamento de mayores, advierte la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que alerta que el nuevo texto legal recoge incluso el traslado del menor a otra Comunidad Autónoma cuando no haya plazas suficientes.
Aunque la inclusión de estas nuevas medidas y autorizaciones — como el registro en desnudo integral y el uso de defensas de goma — es una novedad en la legislación del menor, desde la Defensoría del Menor de la Comunidad de Madrid recuerdan que los métodos de contención ya se utilizaban de forma pactada con la fiscalía. Los empleados que los llevaban a cabo, sin embargo, corrían el riesgo de sufrir una sanción penal.
Atención también para las víctimas
Por otro lado, se prevé que en los próximos meses el Gobierno reforme la Ley del Menor, algo que entidades como Movimiento contra la Intolerancia esperan con expectación. Como explica el presidente de esta entidad, Esteban Ibarra, la reforma del Reglamento “era muy necesaria”, pero también es urgente la modificación de la Ley para que recoja nuevas propuestas como la ampliación del plazo de las medidas cautelares, que en la actualidad no supera los seis meses.
“El nuevo Reglamento se centra en la gobernabilidad de los centros de internamiento, pero también es necesario recordar los derechos de las víctimas”, de las personas que han sido agredidas por estos menores, afirma Ibarra, que pide al Gobierno español que, antes de reformar la Ley del Menor, dialogue con las organizaciones.
En la actualidad, el Movimiento contra la Intolerancia tiene en marcha una campaña para la reforma de la Ley Penal del Menor en la que pide ampliar el plazo de las medidas cautelares, el reconocimiento del ejercicio del derecho de acusación particular y la adopción de medidas para aquellos menores de 14 años “implicados criminalmente”.
Más información:
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 
Movimiento contra la Intolerancia
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