El presidente de ATIME anima a los ciudadanos a denunciar la indefensión que sufren los inmigrantes

Más de un millón de inmigrantes viven en España en situación administrativa irregular. Tras sufrir la extorsión de las mafias que trafican con personas, a la mayoría la falta de documentación le dificulta el acceso al empleo, a la salud y a una vivienda. El actual gobierno ha mostrado su insatisfacción hacia la actual Ley de Extranjería, pero ha declarado que hasta mediados de 2005 no emprenderá grandes cambios. En este contexto, Médicos del Mundo organizó una mesa redonda titulada “Sin papeles no es igual a sin derechos”, con la que quiso reanimar el debate sobre la inmigración.

Mustafá El M’Rabet, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), manifestó en esa mesa la urgente necesidad de medidas que eviten situaciones como el pasado encierro de inmigrantes pidiendo papeles en la catedral de Barcelona. Para la ATIME se está perdiendo el tiempo en discursos políticos cuando lo que se necesita es acción: “estamos cansados del debate bizantino para averiguar quién es el culpable de la situación. Este discurso no soluciona nuestros problemas. Sólo es un discurso intelectual”.

Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y director del Grupo de Estudios sobre Ciudadanía, Inmigración y Minorías de la Universidad de Valencia, también participó en esta mesa. De Lucas manifestó que la actual legislación no sólo es incoherente comparada con el resto de leyes españolas e internacionales, sino que contradice a la misma Declaración de los Derechos Humanos: “además de que la legislación es incoherente, la ley que hay no se respeta con los inmigrantes”.

De Lucas señaló varias de las faltas que, en su opinión, argumentan que la actual Ley de Extranjería debe derogarse. Entre ellas subrayó la falta del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, a servirse de un abogado de oficio que defienda al inmigrante en los procesos judiciales. Según este profesor, “negar el derecho a la tutela judicial efectiva es lo mismo que negar que se tengan derechos”.

“En realidad los inmigrantes no plantean tantas amenazas como las que ellos sufren”, añadió Diego Lorente, coordinador de SOS Racismo en Madrid. Este abogado suscribió la intervención de De Lucas y añadió que el cambio de ley también tiene que verse acompañado por una campaña contra el racismo: “el gobierno español ha generado una opinión pública contraria a los inmigrantes de forma muy imprudente”. Para Lorente, el gobierno en lugar de considerarlo un fenómeno, al hablar de inmigración “lo plantea siempre como un problema y una amenaza”.

El M’Rabet coincidió en la necesidad de retomar las campañas contra el racismo: “la Ley de Extranjería no va a regular el comportamiento de quien sirva un café a un inmigrante o la actitud de una familia en el parque hacia un extranjero”.

Más información:

Médicos del mundo.

SOS Racismo Madrid.

ATIME.

Canal Solidario-OneWorld España.