El 'secuestro' de la agricultura lleva a miles de familias palestinas a la pobreza

La creación de nuevos asentamientos y la política socioeconómica de Israel en los territorios palestinos ha conducido a numerosas familias palestinas, que hasta ahora vivían de los recursos del campo, a la pobreza. Los datos los recoge el último informe del Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI), que habla de una agricultura “secuestrada” y alerta de que el sector agrario palestino se encuentra “bajo la ocupación israelí”.

Para Palestina la agricultura es de vital importancia, ya que representa el 30% del Producto Interior Bruto y emplea a un alto porcentaje de la población. Pero a consecuencia de las acciones israelíes, el sector agrícola ha sufrido pérdidas importantes desde el inicio de la segunda Intifada. La destrucción de árboles y cultivos y la demolición de construcciones agrícolas han supuesto la pérdida de 135 millones de euros, a los que hay que añadir otros 50 millones por la bajada de los precios agrícolas. El documento de CERAI, que se apoya en datos publicados por otras entidades como la Agencia Central Palestina de Estadísticas, contabiliza pérdidas valoradas en 19 millones de euros en ganadería y pesca, en 135 millones de euros de mano de obra en la agricultura y en unos 45 millones de euros “como resultado de la parálisis del transporte, la imposibilidad de comercializar los productos agrícolas, el aumento en los precios del cebo y las pérdidas sufridas por el sector del olivar”.

Según datos del Ministerio de Agricultura Palestino, hasta marzo de este año se talaron “medio millón de árboles” – la mayor parte olivos y cítricos —, se destruyeron almacenes agrícolas, fábricas y casas de campesinos y se “arrasaron” unas “70.000 hectáreas de terreno agrícola”. A esto se añade el “control” por parte de Israel de “la mayor parte de los recursos hidráulicos palestinos”, lo que en zonas como Cisjordania ha llevado a que la lluvia sea “la única fuente de agua dulce” para la población, “privada de sus derechos en las aguas del río Jordán”. En esta línea, Palestina sufre desde hace tres años una importante sequía, según la Asociación Palestina de Desarrollo Agrícola.

“La agricultura sufre por las prácticas israelíes de impedir el trabajo y la conexión entre campesinos y sus campos, además de impedir la comercialización interna y la exportación a los mercados externos; como resultado de esta prohibición algunas empresas israelitas aprovechan la situación comprando los productos agrícolas a los campesinos palestinos con precios muy bajos y los exportan al extranjero como producto israelí”, añade el informe de CERAI.

La interrupción del comercio interior y exterior también ha provocado la “falta” de suministros de primera necesidad para la población israelí, así como la disminución de recursos naturales, mientras que las acciones de los colonos israelitas “quitan aún más tierra a los palestinos”, ya sea por la construcción de vías o por el vertido de “aguas residuales”, que “se vierten en los valles donde están los cultivos de los palestinos”.

Para las autoridades israelíes, el arranque de olivos y la destrucción de cosechas y terrenos cultivables se justifica en nombre de la “seguridad”.

Discriminación racial y ‘apartheid’

De hecho, las políticas israelíes en los territorios palestinos suponen “sistemáticas violaciones de los derechos humanos internacionales y de la legislación humanitaria” y se llevan a cabo con prácticas “extremas de discriminación racial y apartheid”, advierte el Centro Palestino de Derechos Humanos (CPDH), que afirma que el Gobierno israelí utiliza “la expulsión, robo y destrucción de las tierras y propiedades sin compensación, asesinatos deliberados, restricciones económicas, sociales y a la libertad de movimientos” para “expulsar a la población palestina de su territorio”.

“La desposesión continuada de las tierras palestinas y su confiscación favorece la expansión colonialista y hace posible el desarrollo y la expansión de los asentamientos, epicentro y raíz del racismo y la discriminación en los territorios palestinos ocupados”, añade la organización, que recuerda que “la práctica de cierres” en esta zona ha provocado que “más del 80%” de la población de la Franja de Gaza viva “con menos de dos dólares diarios”.

Ante esta situación, el CPDH pide al Gobierno israelí que pare las prácticas “discriminatorias” y aplique los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como que cese “de manera inmediata las prácticas de apartheid” y desmantele parte de sus asentamientos. De la misma manera, el Centro Palestino de Derechos Humanos reclama a Naciones Unidas que investigue las acciones de Israel y pide a la comunidad internacional que ponga en marcha medidas efectivas, como la creación de un equipo de protección internacional y la imposición de embargos y sanciones de armamento, petróleo, económicas y comerciales.

Respetar los derechos humanos

En esta línea, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados B’Tselem insta al Gobierno israelí a parar la construcción de nuevos asentamientos y a acabar con los incentivos para los ciudadanos israelíes que deciden trasladarse a estos territorios.

Según datos de esta organización, desde el inicio de la segunda Intifada han muerto un millar de palestinos civiles a causa del fuego de las fuerzas de seguridad israelíes, el 20% de los cuales son menores de edad. A estas muertes también hay que sumar la de unos 250 palestinos miembros de las fuerzas de seguridad muertos por sus homólogos israelíes. En el más de año y medio de Intifada también han muerto 118 civiles israelíes (14 de los cuales eran menores de edad) y un centenar de soldados del ejército israelí.

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