Elecciones generales: ¿Qué prometen los partidos políticos sobre violencia machista?

>> PSOE: Promete en su programa prestar especial atención a las particularidades de la violencia de género en el caso de mujeres con discapacidad, inmigrantes o menores de edad, trabajar más en la prevención desde edades tempranas, con campañas de sensibilización y de orientación afectiva dentro y fuera del sistema educativo que incluyan el desarrollo de habilidades para identificar las parejas violentas desde los primeros indicios del problema. También se comprometen a seguir desarrollando la aplicación de la ley contra la violencia de género con las siguientes medidas concretas:

- Para facilitar la denuncia, el asesoramiento y la atención a las víctimas, proponen crear la “ventanilla única para la atención a la violencia de género”, en la que se centralizarán todos los servicios de atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género de carácter jurídico, profesional y asistencial.
-­ En los casos que la víctima lo solicite y sea reconocida su viabilidad, se proporcionará ayuda para la reinserción social y económica de las víctimas en localidades o comunidades autónomas distintas a las de origen.
-­ Promoverán que los servicios de acogida potencien la creación de redes sociales de apoyo entre mujeres.
-­ Reforzarán las medidas de protección de las mujeres cuyos agresores van a salir de la cárcel.

>> PP: En su programa señala que *“lucharán de forma efectiva contra la violencia de género, mejorando la normativa existente, adaptándola a la situación actual y reforzando los mecanismos de protección”. También se comprometen a incluir a los menores en el ámbito de protección de la ley.

>> IU-Los Verdes: En su programa electoral se comprometen a *incluir una materia específica sobre igualdad
entre hombres y mujeres* en los planes de estudio de formación inicial y permanente del profesorado y de otros profesionales relacionados con la educación, a *modificar la Ley Integral que reconozca la violencia de género en todas sus manifestaciones y la
defina como un atentado contra los derechos humanos* de las mujeres, y a otorgar una dotación presupuestaria específica para poder abordar los programas destinados a la prevención, sensibilización, y actuación contra la violencia de género.

>> ERC: Se compromete en su programa a reformar la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género* para introducir la violencia económica, a dar un nuevo tratamiento al maltrato psicológico, a profundizar en la calificación y especialización de los y las profesionales que habrán de evaluar los posibles casos de violencia psíquica, a incluir *otras formas efectivas y relacionales entre agresor y víctima, a dar una atención específica a todas las mujeres inmigrantes víctimas de violencia machista, aunque su situación no esté regularizada y a reformar la Ley de enjuiciamiento criminal con respecto a la justificación de la denegación de las mesuras de alejamiento y para agilizar el procedimiento, así como también garantizar la protección de la mujer mediante medidas de protección en la declaración.

Otras de las medidas que proponen son incluir como falta disciplinaria la inactividad de jueces y magistrados en la Ley orgánica del poder judicial y la del Ministerio Fiscal en casos de denuncias por violencia, agilizar los trámites de concesiones de las ayudas y reformar la ley de asistencia jurídica gratuita con el fin de considerar la situación económica de la víctima y no la de la unidad familiar a la que pertenece.

>> CIU: En su programa asegura que garantizará los ámbitos de protección y seguridad, impulsará que se deniegue la posibilidad de obtener la nacionalidad española a los agresores, la *autoregulación en relación al respeto a la violencia doméstica en los medios de comunicación y promoverán la inhabilitación del condenado para ejercer cargos públicos. También se comprometen a crear más juzgados exclusivos y a dotar de más medios personales y materiales a los juzgados exclusivos y a los compartidos.

Aseguran que revisarán la Ley Integral sobre la Violencia de Género en relación a las competencias civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y potenciarán las actuaciones preventivas por parte de la Administración, cuando identifice indicios o sospechas de violencia, por no actuar sólo reactivamente.

También propondrán impulsar el tratamiento psicológico de la mujer previa a la denuncia y estudiarán en qué circunstancias la condena firme por delito de violencia de género puede comportar la pérdida de la custodia de los hijos.

>> EAJ-PNV: En su programa no se desarrollan medidas sobre violencia machista.

>> BNG: En su programa promete realizar una revisión rigurosa sobre la aplicación de la Ley contra la violencia de género, a defender una reforma que desligue el acceso a los accesos y a las ayudas destinadas a las mujeres que sufren violencia machista del recurso de la vía pena, y a implantar juzgados específicos de violencia de género en todas las ciudades gallegas.

>> CC: En su programa apuesta por completar el desarrollo del Sistema de Servicios de Protección, Amparo y Recuperación para las mujeres víctimas de la violencia, perfeccionar la legislación para lograr un *mayor compromiso
social y una mayor eficacia en la lucha contra la violencia* y *mejorar el tratamiento judicial, la atención policial, y la atención
a víctimas hoy excluidas de la Ley (menores agredidas,
mujeres traficadas, víctimas de ablación genital, víctimas de
agresiones sexuales…)*. También se comprometen a seguir con campañas de sensibilización que propicien una mayor conciencia social, y el rechazo del machismo y la desigualdad, origen de la violencia de género y a potenciar el Dispositivo de Emergencia de Mujeres Agredidas que cuente con recursos suficientes (centros de acogida urgente y pisos tutelados y servicio de atención psico-educativa especializada en Violencia de Género).

>> UpyD: En su programa se compromete a poner en marcha una nueva Ley contra la Violencia de Género o Intrafamiliar, Doméstica o Sexista, en sustitución de la actual Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, “que atenta contra el principio de igualdad al basarse en la asimetría penal y la desigualdad de trato en el ámbito judicial, dando lugar a una aplicación desmedida e injusta para miles de hombres”.