Este verano, ríos, lagos, embalses y playas... ¡a examen!

Diversas ONG se esmeran en recopilar información detallada y contrastada sobre el estado de las aguas. Cada año, Ecologistas en Acción, con sus ya populares banderas negras, y Greenpeace, someten a revisión el estado de ríos, lagos, embalses y playas.

Vigilan estrechamente el estado de las zonas de baño, su deterioro y no olvidan comparar las zonas que contabiliza la administración con las que existen en sus listados (las zonas continentales de baño catalogadas oficialmente pueden consultarse en la página web de Nayade).

Ecologistas en Acción es una de las ONG más implicadas con el estado de las aguas marinas y continentales en nuestro país, y su Guía de zonas de baño en ríos, lagos y embalses se ha convertido, junto al informe Banderas negras en documentos de referencia.

En el terreno del agua dulce, la última guía elaborada por Ecologistas en Acción es el resultado de encuestas realizadas durante los últimos tres años y contiene listados organizados por provincias con todas las zonas de baño que se utilizan habitualmente, datos sobre su estado de catalogación o descatalogación, e incluye también zonas de baño habituales que nunca han sido catalogadas.

Las extracciones abusivas; las regulaciones de los cauces; la contaminación debida a actividades agrícolas, urbanas e industriales; y la ausencia de control sobre zonas de baño que a veces son deterioradas por los propios bañistas suelen ser los motivos que provocan la “desaparición” de zonas de baño de interior de las listas oficiales. Es el mecanismo que las autoridades autonómicas han encontrado para evadir las nuevas directivas europeas y nacionales. Ejemplo de ello es que la primera descatalagación masiva se produjo en 1995, tras la entrada en vigor del Plan Nacional de Depuración y Saneamiento y el Real Decreto 11/1995 sobre los plazos para la construcción de infraestructura para la depuración.

En 2007 se denunció que alrededor de 800 núcleos urbanos, que representaban 6,5 millones de personas, incumplían la directiva de depuración de aguas residuales. En 2008 la inoperancia al respecto provocó que la Comisión Europea abriese un expediente contra España al constatar que más de 400 localidades no contaban con un sistema de tratamiento de aguas residuales conforme a la normativa medioambiental comunitaria. En 2009, el Tribunal Europeo de Justicia multó al Gobierno español por carecer de un sistema de tratamiento de las aguas residuales urbanas de A Coruña y los municipios limítrofes.

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