Explotación de la riqueza de Angola: negocio para unos pocos

Los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de antiguos combatientes, son un elemento clave para algunos procesos de paz y si fracasan, como afirma la Escola de Cultura de Pau en su informe ¡Alerta 2005!, “pueden generar una ola de violencia aún mayor”.

En África, el caso de Angola es peculiar. Con unas riquezas naturales que la sitúan como unos de los focos de atracción de inversiones extranjeras más importante de África Austral, aumenta el descontento popular ante un proceso de reconstrucción y reconciliación que está lejos de procurar paz a sus habitantes.

Recientemente, la Comisión Interministerial, responsable de la preparación de las elecciones en Angola, afirmaba que muchos de los problemas que sufre el interior del país la existencia de minas, la rehabilitación de infraestructura básica como puentes y carreteras se resolverán con el recién presupuesto aprobado.

El anuncio llegaba tras las quejas presentadas por los propios representantes provinciales de la Comisión, como el de la provincia de Huila, uno de los focos económicos del país, donde quedan campos plagados de minas antipersona en nueve de sus 14 municipios.

Reparto del botín de guerra

Con el enemigo derrotado militarmente (2002), acabó el conflicto armado que arrasó Angola durante tres décadas. Entonces, una reducida cúpula próxima del gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) se abrió campo para controlar los fondos provenientes de la explotación de los recursos naturales (crudo, gas, diamantes).

Según datos recogidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero de este año, Angola podría llegar a exportar dos billones de barriles de crudo al día en 2007. Una venta que según el precio internacional del barril puede llegar a generar más de 4 billones de dólares al año.

Paradójicamente, los ingresos del Estado por la venta de crudo cayeron en 2004 respecto a 2002 ya que para saldar deudas pendientes, el Ejecutivo tiene vendida la producción que generarán algunos de los bloques petrolíferos más productivos en los próximos años.

Es el caso de China, que ha adelantado 2 billones de dólares al Gobierno angoleño a cambio de una cuota de las exportaciones de crudo. Sin embargo, poco ven los ciudadanos de este desembolso: la mayoría de los trabajadores empleados en las obras de reconstrucción vienen del país asiático.

Un asunto de diamantes

En el extremo Este, se sitúan las provincias de Lunda Norte y Lunda Sur, reserva diamantífera desde tiempos coloniales. Tras la guerra, los rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) perdieron el control de su fuente de ingresos: los diamantes, que pasaron a manos de ex generales de ambos bandos, políticos y empresas internacionales.

Se calcula que cada año, la producción genera más de un billón de dólares. Paradójicamente, las arcas públicas están vacías, en Lunda Norte, apenas hay una escuela de primaria y un hospital semiderruido.

Las piedras de la muerte, es el primer informe elaborado sobre las condiciones de vida de la población de las Lundas. En él, se documentan más de 70 casos de violación de derechos humanos, desde ejecuciones extrajudiciales, otros homicidios, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias.

As Pedras da Morte dirigido por el periodista angoleño Rafael Marques recoge el caso del garimpeiro (minero artesanal) Andre Jorge Honda, ocurrido el 19 de septiembre de 2004. Aquel día, mientras se bañaba en el río Cula, el guarda de seguridad de una compañía minera que funciona en la zona se acerco a él, le acusó de ser garimpeiro y le disparó un tiro en el cuello.

En las Lundas, “la población es expulsada de sus tierras cuando viven sobre yacimientos ricos en diamantes. Desalojan a la fuerza a las familias y las obligan a desplazarse a otras regiones afirma el profesor de Economía de la Universidad Católica de Angola, Justino Pinto de Andrade es donde más violaciones de derechos humanos se cometen en el país y donde más difícil será cualquier proyecto de democracia política”.

Este analista califica la región como una bomba de tiempo: si el Gobierno central no atiende las necesidades de la población y no invierte los beneficios obtenidos por la exportación de diamantes en el desarrollo local la violencia adquirirá niveles todavía mayores.

Cabinda, reino de la impunidad

Las armas tampoco han callado en Cabinda, una provincia situada al norte del país, que genera cerca del 10% de la producción total de crudo. La situación del enclave petrolífero es calificada de guerra abierta entre el Gobierno de la República de Angola y los nacionalistas cabindeses, organizados en torno al Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC).

La impunidad, la represión y la pobreza de sus habitantes están documentadas. Según el informe elaborado por la Asociación Cívica de Cabinda Mpalabanda: “La guerra prosigue en Cabinda desde hace cerca de 30 años (…) Muchas aldeas están militarizadas y algunas sitiadas (...) Esta situación está asfixiando a la población civil y constituye una verdadera ocupación militar, que está reforzando un sentimiento de rechazo y revuelta”.

Todos los analistas coinciden en que el riesgo de un nuevo conflicto armado a gran escala en Angola es mínimo; pero mientras una parte de la población aprecia y disfruta la nueva situación, la mayoría exige al Gobierno que ponga las bases para una paz duradera.

Las primeras elecciones en paz de Angola no tienen fecha definitiva se especula con septiembre de 2006, pero la sociedad civil ha puesto el ojo en ellas: la cita con las urnas debería marcar el fin del periodo de reconstrucción nacional y el inicio de un nuevo momento en la historia de Angola.

La sociedad exige abiertamente a los dirigentes el fin del robo de la riqueza nacional y el fin de la corrupción y la pobreza. El Ejecutivo por su parte no quiere darse por aludido y continúa con una actitud paternalista, que sólo concede migajas a los ciudadanos.

Canal Solidario-OneWorld, 2005