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Familias de personas con discapacidad intelectual asumen un sobreesfuerzo de hasta 31.000 euros

Por: Redacció el 17/04/09 09:59
Tiempo estimado de lectura : 2 minutos
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Según un estudio realizado por FEAPS, las familias de personas con discapacidad intelectual tienen que asumir un sobreesfuerzo económico de entre 19.000 y 31.000 euros al año.

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Familias de personas con discapacidad intelectual asumen un sobreesfuerzo de hasta 31.000 euros

Foto: ONCE

El trabajo, que tiene como objetivo evaluar el coste que esta discapacidad ocasiona en los hogares españoles, valora no sólo los gastos materiales, sino también tiene en cuenta las horas de dedicación, los gastos añadidos en salud, los desplazamientos y las pérdidas de oportunidades laborales que conlleva cuidar de un familiar con estas características

Por eso, el responsable del estudio, Ricard Valls, explicó que ‘índice de sobreesfuerzo económico’ “mide lo que las familias y el movimiento asociativo está aportando de más a la financiación administrativa”, apara añadir que “si no fuera por la ayuda de las organizaciones, el coste sería absolutamente desorbitado para las familias”.

Según el movimiento asociativo, si se tiene en cuenta que en España viven en torno a 227.000 personas con discapacidad intelectual, esto significa que el conjunto de las familias están aportando un valor económico medioestimado en 4.374 millones de euros al año, lo cual supone en torno al 0,4 por ciento del PIB.

Diferencias entre Comunidades Autónomas

Una de las principales conclusiones del informe es que las prestaciones de las comunidades autónomas no son homogéneas y, según Valls “en muchos casos, las diferencias son injustificadas”. Estas diferencias de importe entre las medias de las prestaciones y las inferiores según el grado de discapacidad, van de los 2.700 euros al año a los 5.800.

Asimismo y en base al informe, FEAPS denuncia que la tasa de actividad y de paro de las personas con discapacidad intelectual triplica la media estatal para el conjunto de los ciudadanos, incidiendo en los costes de oportunidad de este colectivo. “Supone una limitación más que dificulta llevar una vida autónoma mediante servicios específicos con apoyo o pisos tutelados”, aseveraron.

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