Firma para que España asuma su responsabilidad en el Sáhara, ¡ya!

En noviembre de 2010 la Coordinadora Asturiana de ONGD y el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, solicitamos la investigación de los hechos ocurridos durante el desmantelamiento del Campamento Agdayim Izik en el Sáhara Occidental, considerados de extrema gravedad por diferentes organismos internacionales.

Un año más tarde insistimos en la urgencia de dicha investigación y pedimos que el Gobierno de España exija la debida responsabilidad al Gobierno Marroquí, tanto de esta acción como de las continuas violaciones de los Derechos Humanos perpetradas en el territorio del Sáhara Occidental.

Sin embargo, tal como lleva sucediendo los últimos 36 años, nuestro Gobierno sigue sin dar pasos en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental, obviando su responsabilidad como potencia administradora del territorio (tal y como se recoge en la resolución 2072, de 17 de diciembre de 1965 de la Asamblea General de la ONU y posteriormente en otras [1])

Por lo tanto, una vez más mostramos nuestra preocupación por el papel que el Gobierno Español viene jugando en este conflicto, y exigimos:

>> La condena de todas las vulneraciones de los Derechos Humanos realizadas por el Reino de Marruecos en el territorio del Sahara Occidental.
>> Que se ponga freno a los incumplimientos sistemáticos de todas las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU al respecto del conflicto, por parte de Marruecos.
>> Que España juegue un papel activo y firme en la exigencia de la convocatoria y celebración de un referéndum libre, transparente, verificable e imparcial que contemple la opción de la independencia del Sahara Occidental.

[1] Esta cualidad de España como “potencia administradora” del Sáhara Occidental fue expresamente reiterada por varias resoluciones posteriores de la Asamblea General:resoluciones 2229 (de 20 de diciembre de 1966), 2354 (de 19 de diciembre de1967), 2428 (de 27 de diciembre de 1968), 2591 (de 16 de diciembre de 1969),2711 (de 14 de diciembre de 1970), 2983 (de 14 de diciembre de 1972) y 3162 (de14 de diciembre de 1973). Desde entonces la única calificación de la presencia de Marruecos que se contiene en las resoluciones de las Naciones Unidas es la de potencia ocupante siendo España, aún, la potencia administradora del territorio, si no de facto, sí de iure.