Funcionarios de prisiones denuncian el hacinamiento en las cárceles españolas

Una vez más ha hecho falta la muerte de un recluso en un centro penitenciario español para encontrar eco político en las denuncias de funcionarios de prisiones, familiares de presos y los mismos internos. Las cárceles no están masificadas, están saturadas.

Un mes después de que un preso fuera asesinado por apuñalamiento en su celda por otro interno, en la prisión de Zuera, Zaragoza, los funcionarios de prisiones vuelven a denunciar la saturación que sufren los centros penitenciarios de España, que se encuentran al 140% de la capacidad para la que fueron concebidos, con todo lo que esto implica en la seguridad de los internos (muchos de ellos en situación preventiva, a la espera de juicio) y de los funcionarios.

Los diputados de la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón visitaron el pasado martes la prisión de Zurera, que está preparada para 1.008 internos aunque ronda los 1.700, tal y como ocurre en la mayoría de centros penitenciarios de nuestro país, y especialmente, en los centros de la Comunidad de Madrid. Cárceles como Soto del Real, concebida también para 1.008 presos, alcanza prácticamente los 1.900 internos ante las denuncias reiteradas de familiares y funcionarios frente a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.

Esta situación de hacinamiento produce el desbordamiento de funciones de los funcionarios de prisiones, la total falta de atención al interno en cualquiera de las áreas del centro, la absoluta desinformación de los familiares con respecto a la situación en la que se encuentran sus seres queridos, y por supuesto, la nula consecución del fin para el que fueron concebidas las cárceles, la reinserción. Un psicólogo por cada 300 internos, un educador social por cada 250 internos, un médico por cada 200 internos… que atienden a personas con graves problemas de toxicomanía o serios problemas psiquiátricos para los que los funcionarios no están preparados… Los cursos, talleres y actividades sociales están prácticamente desbordadas, sin cupo. Y los internos totalmente desprotegidos.

La muerte del interno en el centro penitenciario de Zuera se produjo aprovechando el momento de apertura automática de las celdas para que los presos vayan a las salas de esparcimiento. Fue en ese momento cuando Manuel Hernández, de 40 años, recibió una puñalada en el corazón con un pincho fabricado manualmente.

Ante esta dramática situación, las asociaciones de familiares
de presos de España, piden que se respete la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) que contempla el derecho a la rehabilitación, a la reeducación y a la reinserción, palabras absolutamente vacías de significado en el actual sistema penitenciario español. Un sistema desbordado donde el tratamiento al interno brilla por su ausencia.