Guatemala: la lenta consolidación de la paz

La segunda vuelta de las elecciones en Guatemala han dado la victoria a Álvaro Colom, socialdemócrata (UNE) que ha vencido con el 52,84% de los votos y que ya ha anunciado que buscará acuerdos nacionales y que convocará a diversos actores del país para debatir sobre los problemas de la región. Colom, que será presidente a pesar del más de 50% de abstención, se ha impuesto en los comicios al ex general Otto Pérez Molina del Partido Patriota, que representa la derecha emergente y de “mano dura” como decía su eslogan.

El país del quetzal vive días decisivos. Guatemala presenta dos caras bien diferenciadas. Por un lado, la esperanza en unos acuerdos de Paz, los de 1996, que pusieron fin a un conflicto armado interno de más de 36 años que enfrentó guerrilla y aparato del Estado y provocó la muerte de 200.000 personas, la mayoría civiles e indígenas. Por otro, la debilidad de un Estado guatemalteco que trabaja para consolidar una democracia que lleve a un país viable, moderno y multiétnico que ponga fin a las enormes desigualdades sociales, a los altos índices de pobreza y criminalidad y a la tradicional marginación social y política de la población indígena, la mitad de sus 13 millones de habitantes.

Cataluña envió a la primera vuelta de las elecciones una Misión de Observación Electoral formada por diputados del Parlamento de Cataluña y personal técnico de la Generalitat. Los observadores y las observadoras tuvieron acceso a un total de 69 Juntas Receptoras de Votos del área metropolitana de Guatemala y, desde el punto de vista procedimental y técnico, comprobaron que el proceso estaba en general bien preparado y organizado, con una dinámica electoral del todo reglamentaria.

Aplicación lenta de los Acuerdos de Paz de 1996

Pero más allá de esta formalidad aparentemente correcta de las elecciones, y tras esta segunda vuelta decisiva, Guatemala vive una situación complicada. Al cumplirse 11 años del fin del conflicto, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera avanza muy lentamente.

Guatemala continúa sufriendo graves poblemes de pobreza, desigualdad, delincuencia, violencia política, impunidad y discriminación de los pueblos indígenas. Son todavía problemas graves que, por citar un ejemplo, anualmente mueran unas 5.000 personas víctimas de la violencia y que tan sólo un 2% de estos crímenes sean resueltos. O también que las mafias del narcotráfico y del crimen organizado estén fuertemente implantadas en algunas zonas del norte del país fronterizas con México y operen con total impunidad por su infiltración en el poder local y la ausencia del Estado.

Se calcula que en Guatemala se mueven cerca de 40 millones de municiones al año y es un hecho que el negocio de las armas es uno de los puntos fuertes del crimen organizado. Como consecuencia de esto, el actual proceso electoral también ha sido contaminado por la violencia: más de 50 personas han muerto asesinadas, una veintena de las cuales candidatas de partidos, desde el inicio de la carrera electoral el mes de mayo.

Con más de 13 millones de habitantes, Guatemala es el país más poblado de América Central. Pero presenta unos indicadores de educación, salud y distribución de la riqueza de los más desfavorables de toda América Latina: ocupa el 118 lugar en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora anualmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 111 lugar en el Índice de Corrupción que elabora la ONG Transparency Internacional. La mitad de la población vivo bajo el umbral de la pobreza y muchos guatemaltecos han optado por emigrar hacia los Estados Unidos: 1,3 millones (un 10% de la población actual del país) viven allá, la mitad de ellos en situación irregular.

Guatemala necesita cambiar e invertir esta situación de polaridad social, económica y cultural. La receta no es clara, pero analistas del país como el politólogo indígena Álvaro Pop o la economista y ex ministra Raquel Zelaya coinciden en parte del diagnóstico: el sistema de partidos guatemalteco es todavía débil y muy inestable y no da respuesta a las aspiraciones de sectores mayoritarios de la población de Guatemala como los indígenas o los sectores más empobrecidos.

Los partidos son todavía poco ideologizados y estructurados, se crean y desaparecen con mucha facilidad, sólo para fabricar candidatos, y el transfuguismo es la norma (70 de los 158 diputados elegidos cuatro años atrás han cambiado de grupo parlamentario en una legislatura). Las formaciones políticas hablan de reformas constitucionales pero ninguna de ellas cuestiona realmente el modelo de Estado ni la implementación sin más retardos de una agenda hacia la paz que ya está consensuada, la de los Acuerdos de 1996. Un ejemplo: la presión fiscal es todavía baja y, once años después, es del 10% cuando los acuerdos de paz la fijan en un mínimo del 12%.

Esta es la Guatemala que ha heredado el ganador de la segunda vuelta de las elecciones. En el difícil camino de la consolidación democrática y de la reconstrucción post-conflicto también es muy importante el acompañamiento de toda la comunidad internacional. Así, por ejemplo, el último Plan director de cooperación al desarrollo de la Generalitat 2007-2010 establece Guatemala como uno de los once países prioritarios de actuación de la Cooperación Catalana, en cuestiones como el respeto a los derechos humanos y sociales básicos, los derechos de los pueblos indígenas o la gobernabilidad democrática. Sólo trabajando todos estos ámbitos podremos empezar a ver como el país del quetzal remonta el vuelo y deja atrás un pasado oscuro y un presente incierto.

*Dani Vilaró es técnico de comunicación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), el organisme que gestiona la política de cooperación al desarrollo, construcción de paz y acción humanitaria de la Generalitat de Cataluña.

Canal Solidario-OneWorld 2007