Historia de los que no lograron cruzar la valla

A la ciudad marroquí de Oujda, a pocos kilómetros de la frontera con Argelia, cada día llega gente nueva. No son turistas que van a visitar el desierto sino inmigrantes que salieron de sus países en África subsahariana y que, tras ser detenidos por la policía marroquí, son trasladados a este lugar.

Hace tres semanas, 48 refugiados congoleños fueron detenidos por la policía en Rabat y, a pesar de solicitar su estatus de refugiado, fueron conducidos hasta Oujda. Unos días antes había llegado a pie otro grupo que fue abandonado en pleno desierto, a varios kilómetros de la ciudad. Todos ellos se encuentran ahora en Oujda junto a otros inmigrantes, entre ellos los que en septiembre y octubre de 2005 intentaron saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y no lo consiguieron.

Hace dos años, 14 personas murieron mientras intentaban saltar las vallas de estas ciudades españolas y el resto fueron detenidos y, bajo custodia marroquí, deportados y trasladados a zonas desérticas y ciudades como Oujda a donde, según ONG, “llegan el 82% de los migrantes procedentes de África subsahariana” y desde donde “son expulsados cuando son arrestados en cualquier parte de Marruecos”.

“Dos años después, aquellos graves hechos continúan sin ser investigados ni determinadas las responsabilidades de las fuerzas de orden de España y Marruecos”, dicen ONG

“Dos años después, aquellos graves hechos continúan sin ser investigados ni determinadas las responsabilidades de las fuerzas de orden de España y Marruecos y sus respectivos gobiernos”, denuncian en un comunicado conjunto diversas organizaciones que se han reunido estos días Oujda. Entre estas entidades destaca la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que explica que en esta ciudad fronteriza los inmigrantes “soportan condiciones extremas, pues pernoctan a la intemperie donde las temperaturas rondan los cinco grados en la noche”.

Según Mª Ángeles Marco, miembro de la APDHA, “los subsaharianos se encuentran atrapados” en esta ciudad, “como si fuera un campo de concentración a cielo abierto”. “Es muy difícil salir debido a la vigilancia y la presión policial. El transporte público les está prohibido” y hay muchos controles de carreteras “férreos” con estas personas, añade. Además, las ONG que apoyan a las personas inmigradas en esta zona reciben una presión “tremenda”.

Como señala Mª Ángeles Marco, en el último año la estrategia del Gobierno marroquí en tema migratorio ha cambiado: “En vez de las grandes redadas como las de la Navidad de 2006 que situaron de un golpe a más de 400 subsaharianos en Oujda, ahora las expulsiones son de grupos de entre 50 y 60 personas, pero con periodicidad casi semanal”.

Asimismo, según las ONG reunidas en Oujda estos días, las rutas de las personas inmigrantes también han cambiado: “Aquellos a los que se les negaron las vías de Ceuta y Melilla reforzando alambradas de muerte, tomaron el camino incierto y peligroso de las Islas Canarias. Y tras el creciente blindaje de esa vía marítima retoman rutas hacia Malta o Italia o renuevan aquellas que ya se usaron antaño hacia las costas andaluzas”.

Política española sobre inmigración

Para numerosas ONG como la APDHA, Sos Racismo y Amnistía Internacional, lo que causa más dolor a las personas que emigran no son las pateras, las caminatas por el desierto ni las mafias sino la política de fronteras de España y el resto de la Unión Europea, que pretenden externalizar responsabilidades y “encarcelar a todo el continente africano”.

APDHA recuerda a los gobiernos europeos que la política de cooperación al desarrollo no debe usarse como “chantaje” hacia terceros países para controlar la emigración

“El Gobierno español y la UE han reforzado su guerra contra los inmigrantes: millones de euros invertidos en tecnología y despliegue policial; desarrollo y ampliación del Frontex; impulso de una diplomacia sin precedentes en el continente por parte de Europa y en particular de España…”, argumentan las ONG reunidas en Oujda.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía critican las políticas de externalización de fronteras que llevan fuera del territorio europeo “alambradas, buques, aviones, helicópteros, equipos técnicos y policías”, entre otros, y advierten al Gobierno español que en su cómputo del número de personas inmigrantes que llegan a España tenga en cuenta también a las personas que mueren durante el trayecto.

En este contexto, APDHA recuerda las malas prácticas que muchos gobiernos europeos llevan a cabo en sus políticas de cooperación al desarrollo, ya que las utilizan como “chantaje hacia terceros países” para que endurezcan sus controles de emigración con el objetivo de controlar la emigración hacia Europa.

Acciones para 2008

A las críticas de esta organización se suman también las de las asociaciones de inmigrantes que hace unos días se dieron cita en Madrid en el III Encuentro de la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes. “Detrás de la retórica de la ‘integración’ promovida por el Gobierno, en la práctica están aumentando de forma exponencial las expulsiones y la violencia policial, los medios administrativos siguen siendo insuficientes, se multiplican los casos de abusos laborales y sigue existiendo en España una bolsa de trabajadores inmigrantes sin regularizar que supera el millón de personas”, advierten.

Estas entidades explicaban también cómo en la plaza de Lavapiés de Madrid la policía realiza “redadas masivas”, cómo en las salidas del metro de Barcelona se llevan a cabo “identificaciones permanentes y arbitrarias”, cómo en el transporte público de Canarias se realizan “intervenciones policiales” y cómo la policía presiona a vendedores ambulantes en las puertas de colegios y supermercados en Málaga.

Para denunciar estos hechos, las ONG reunidas en el III Encuentro de la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes prevén impulsar durante 2008 campañas y actividades puntuales que recuerden los derechos de las personas inmigradas.

¿Qué PueDo HaCer yo?

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