Inmigrantes con discapacidad intelectual, doble discriminación

El nuevo programa de la Federación Catalana APPS pro personas con discapacidad intelectual se halla aún en fase inicial de recopilación de información y documentación para detectar demandas y necesidades que hoy por hoy no están cubiertas.

Su objetivo es convertir el programa en punto de información y orientación para entidades que ya trabajan con población inmigrante y ofrecer una atención directa a los usuarios.

También se pretende, según sus responsables, “que los condicionantes socioculturales, el desconocimiento del nuevo entorno o de la nueva lengua que se añaden a su limitación intelectual, tanto en niños como en adultos, no dificulten aún más su adaptación a la sociedad de acogida”.

Hasta el momento, la organización ha elaborado una primera base de datos en Cataluña para conocer la dimensión del fenómeno, que ha resultado en unos 170 casos conocidos. Tras contactar con más de 100 organizaciones, APPS constata que existen muchas entidades que trabajan con personas inmigrantes y también muchas que atienden a personas con discapacidad intelectual, “pero no existen recursos especializados para estas personas, ni un servicio que sirva de puente entre unos y otros”, explica Marta Fontaneda, trabajadora social del programa de inmigrantes de APPS.

Otro cuestión detectada es el importante número de niños y niñas inmigrantes o hijos de inmigrantes escolarizados en las escuelas de educación especial de Cataluña. De los 170 casos ahora detectados por APPS, 144 (un 80%) son menores de edad. Marta Fontaneda explica que “en los países de origen, la precariedad en los sistemas educativos y sanitarios y en otros servicios especializados como los de atención precoz, de consejo genético o de rehabilitación, tienen como consecuencia una mayor presencia de la discapacidad” en menores.

Aunque la federación cree que el problema es aún mayor y que existe un número de personas inmigrantes con discapacidad intelectual que no han sido detectadas como tales y, por lo tanto, no reciben ninguna ayuda especializada. Los motivos pueden ser diversos: la falta de escolarización, la precariedad que conduce a situaciones de marginalidad, el desconocimiento por parte de la familia o hasta una diferente forma de entender el concepto de la discapacidad intelectual.

Y encima, sin papeles

Pero desde APPS creen que el problema más grave se encuentra en aquellas personas sin permiso de residencia, ya que al no poder ser reconocidas oficialmente no tienen derecho a ninguna prestación y su acceso a los servicios es limitado, “convirtiéndose en doblemente invisibles y doblemente vulnerables”.

En la actualidad, el organismo competente en Cataluña, el ICASS del Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat, no está autorizado a oficializar el diagnóstico de los sin papeles y, por lo tanto, a concederles el certificado de minusvalía: así, estas personas quedan excluidas de la red de recursos y servicios.

El CAD (Centro de Atención al Disminuido) informó a APPS de que hace aproximadamente un año valoraban todos los casos independientemente de la situación administrativa de la persona inmigrante y entregaban los correspondientes certificados oficiales de minusvalía. Pero en enero cambió el reglamento y ahora ya no se valoran los casos de personas sin permiso de residencia.

“Con los menores es diferente y se valoran todos los casos, pero si al haber cumplido los 18 años necesitan una revisión del grado de discapacidad y no han regularizado su situación, ya no los vuelven a valorar”, explica Marta Fontaneda. Con su programa piloto, desde APPS, pretenden conseguir que todas las personas con discapacidad intelectual reciban los apoyos necesarios, independientemente de su origen, edad y situación legal.

Más información:

Federación APPS

En la página web de Migrar.org

Canal Solidario-OneWorld, 2005