Intermón y Medicus Mundi piden a Repsol que revierta sus beneficios en el desarrollo de Bolivia

Intermón Oxfam y Medicus Mundi instaron hoy a Repsol YPF a ayudar realmente al desarrollo de Bolivia repartiendo con el país los beneficios millonarios por la extracción de hidrocarburos en un plano de mayor igualdad, y a reforzar los controles medioambientales yendo más allá de lo que las leyes locales le exigen; esta petición se realiza en vísperas del referéndum del próximo domingo, una consulta que estas organizaciones consideran una “trampa” dialéctica que no cambiará en nada la situación de control por parte de las multinacionales sea cual sea su resultado.

El informe presentado hoy, ‘Repsol YPF en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de la pobreza’, recuerda que en Bolivia el 63% de los bolivianos viven bajo el umbral de la pobreza, un 35% de los cuales ni siquiera son capaces de cubrir sus necesidades básicas, algo que “difícilmente se comprende” al comprobar la riqueza de hidrocarburos de que goza el país, tal y como explica la investigadora de Intermón Isabel Tamarit.

En efecto, la riqueza en gas de Bolivia (un 1 por ciento de las reservas mundiales) se valora en unos 100.000 millones de dólares, doce veces el PIB del país, dieciséis veces su deuda externa y 130 veces la inversión pública, un enorme potencial que sin embargo “aporta muy poco al pueblo boliviano”, debido esencialmente a la reforma de la Ley de Hidrocarburos promulgada en 1996 por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para atraer las inversiones extranjeras.

Esta nueva legislación redujo la tributación de las petroleras por regalías del 50 al 18 por ciento, colocándose en el nivel más bajo de Latinoamérica (30% en Venezuela o 37% en Perú). La ley limitaba estas ‘rebajas’ a los pozos nuevos, los que no se explotaban antes de 1996, pero la aparente limitación no es tal dado que 19 de los 20 yacimientos se encuentran en esta situación.

Las estimaciones del propio Gobierno boliviano indican que entre 1996 y 2006, el Estado habrá dejado de percibir unos 3.000 millones de dólares, es decir que por cada dólar ingresado pierde otros dos. Además, tras la capitalización parcial de la estatal YPFB, a boca de pozo los hidrocarburos pasan bajo el control efectivo de las multinacionales para su tratamiento y exportación, por lo que los bolivianos “tienen que comprar el gas a precios internacionales”.

“Repsol se beneficia legalmente de esta reducción de la presión fiscal —señala el informe— pero debe comprometerse a no actuar de manera beligerante ante las medidas correctoras que el Gobierno boliviano trate de implantar con el fin de recuperar la maltrecha economía”.

Beneficio mutuo

Para Repsol, Bolivia es un mercado estratégico, dado que el 22% de sus reservas probadas se encuentran en este país; paralelamente, la producción de Repsol y sus empresas participadas representa el 30% de la producción de hidrocarburos del país latinoamericano. “Intermón entiende que de esta necesidad mutua debería desprenderse un beneficio mutuo”.


Según Tamarit, “Repsol tiene una capacidad como actor de desarrollo que está desaprovechando”, valiéndose de lo establecido por la legislación nacional y “mezclando la responsabilidad con la ley”. Esto mismo se manifiesta en el impacto de las explotaciones en las poblaciones locales: las petroleras cumplen la ley boliviana, pero ésta es mucho menos estricta que la europea o la española.

Por ejemplo, según el investigador de Medicus Mundi Carlos Mediano, miembro de la misión de evaluación en Bolivia, existen importantes diferencias en normativas como la de contaminación de aguas: en Bolivia, el límite legal de HTP (hidrocarburos totales de petróleo) es de 1.000 microgramos por litro, mientras que es España es de 10 mg/l.

Así ocurre también con el plomo o con el níquel. De las diez tomas de agua tomadas por la ONG, un 70 por ciento eran ‘potables’ según la ley boliviana, pero ninguna pasaba la criba europea o española. Por esta razón, “cumplir la ley local no es suficiente, debe irse más allá”, porque “resulta muy fácil contaminar las comunidades de forma legal” en Bolivia.

Según explicó Mediano a Europa Press, los estudios se realizaron durante más de año y medio en el terreno, con análisis a 55 mujeres en dos comunidades expuestas a la explotación y otras 46 de dos comunidades no expuestas. En el primer grupo se detectaron por ejemplo trece abortos, frente a los seis del segundo, así como diferencias en cuanto a problemas respiratorios o muscoesqueléticos.

Mediano reconoció, en todo caso, que estos estudios aún no han demostrado una relación estadística directa entre la mayor incidencia de ciertos problemas de salud y las actividades de las petroleras, pero que debe ser igualmente motivo de reflexión y preocupación “porque existe una relación” y porque esa es “la sensación” en las comunidades.

Propuestas a Repsol

El informe presenta una serie de propuestas a Repsol, con la que ambas organizaciones ya están dialogando; durante estas reuniones, la compañía precisó que ha adoptado un protocolo de atención a las comunidades locales, aunque Intermón y Medicus apuntan que esta medida debe completarse con otras políticas: para empezar, Repsol debe hacer públicos los ingresos, gastos y beneficios consolidados de sus actividades bolivianas.

Asimismo, instan a la empresa a “regirse según la normativa más estricta”, a la espera de que se establezcan estándares internacionales en cuestiones como la contaminación de aguas. Además, debe asegurarse de que los estudios de impacto son rigurosos y facilitar la participación de las comunidades.

La cuarta petición, aceptar la revisión de contratos, se enmarca en el referéndum convocado por el actual presidente, Carlos Mesa, para anular la Ley de Hidrocarburos de 1996. Estas organizaciones recogen en su informe las conclusiones del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia, según el cual esta consulta popular no es más que una ‘trampa’ para mantener el statu quo.

En efecto, aunque salga el ‘sí’ y se anule la ley de Lozada, los 76 contratos firmados con las multinacionales en virtud de la misma seguirán vigentes hasta 2036, por lo que “no cambiará nada” independientemente de lo que desee la población. En cuanto al aumento de las regalías prometido, se refieren sólo a determinados volúmenes, se harán con “gran lentitud” y además a costa de reducir el impuesto de sociedades.

“Las multinacionales tiene un fortísimo poder”, explicó el director de Investigaciones de Intermón, José María Vera, apuntando que Bolivia incluso podría ser denunciada ante instituciones internacionales por modificar contratos. En todo caso, advirtió de que a empresas como Repsol les interesa responder a las preocupaciones de las comunidades locales, dado que en países de extrema pobreza como Bolivia existe un riesgo de “radicalización” que puede incluso poner en peligro sus actividades.

Más información:
Intermón Oxfam
Medicus Mundi

Canal Solidario-OneWorld, 2004