Intervida cuestiona la capacidad del juez de Perú para imputar a sus administradores por fraude

Según ha publicado el periódico El Mundo, el juez del vigésimo Juzgado especializado en lo Penal de Lima ha dictado una resolución por la que ha imputado a los tres administradores de Intervida, los mismos que fueron nombrados el 12 de julio del año pasado por las autoridades judiciales en el marco de la investigación abierta sobre la ONG por un presunto desvío de fondos.

En declaraciones a Europa Press, Angel Miret, uno de los administradores de Intervida aseguró que ni él ni el resto de los imputados han recibido notificación alguna y ha questionado la viabilidad del procedimiento iniciado en Lima ya que se dirige contra “funcionarios, cuyas decisiones responden a órdenes judiciales y que están ahora mismo a las órdenes del juez Baltasar Garzón, que es quien instruye el caso en la Audiencia Nacional”. “Esto no va a prosperar, es un absurdo jurídico que no tiene ni pies ni cabeza”, apostilló.

Así, el administrador de Intervida explicó que efectivamente, Solaris, la ong que Intervida que fundó en Perú para ejecutar los proyectos financiados desde España al igual que las contrapartes de Bolivia y Guatemala, no ha recibido los citados fondos. Angel Miret matizó que el dinero se encuentra en España “por orden judicial” dado que la investigación aún no ha constatado “que haya garantías suficientes” sobre la gestión del dinero por parte de la ONG peruana.

Solaris ha trabajado de la mano de la organización española como ejecutora en Perú de los proyectos impulsados por la dirección de Intervida en España, y ha llegado a convertirse en la ONG más importante de Perú y una de las más grandes de Latinoamérica, con un presupuesto anual superior a los 22 millones de euros, según declaró a Europa Press el miembro fundador de Intervida, Rafael Puertas.

“Imagino que si la Generalitat, un juez de Barcelona y la Audiencia Nacional creen oportuno mantener la suspensión de fondos, deberán tener sus motivos, no creo que tantas entidades capacitadas tomen decisiones de esta gravedad sin tener argumentarios. Estoy convencido de que los tendrán”, apuntó Miret.

Respecto a la continuidad de los proyectos que se sustentaban con esos fondos, Miret aseguró que está garantizada, pues en el momento de la intervención judicial sobre Intervida, sus contrapartes latinoamericanas disponían de un fondo de reserva superior a los 110 millones de dólares, un dinero del que pueden disponer mediante cantidades mensuales que autorizan los administradores en España.

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