¿La cárcel reinserta?

Todos deberíamos de estar de acuerdo en que el objetivo de privar a una persona de su libertad es evitar que la persona vuelva a delinquir y reeducarla según las pautas de comportamiento de la sociedad. Sin embargo, la realidad de las cárceles españolas no es esa.

La cárcel se ha convertido en un medio difícilmente rehabilitador. Si tenemos en cuenta que un elevadísimo porcentaje de los hombres y las mujeres que están en prisión es por motivos de drogas, extranjería o delitos contra la propiedad, apreciaremos que en una prisión, un toxicómano por ejemplo, por no hablar de un extranjero (cuyo principal delito es ser ilegal) lo que menos hacen es reintegrarse en la comunidad.

No sirve para nada privar de libertad a una persona enferma, que además, no está atendida por profesionales. (La mayoría de las muertes que se producen en centros penitenciarios se deben a toxicómanos que fallecen por cócteles mortales de metadona y heroína, porque por supuesto, la droga circula dentro de las prisiones mientras las autoridades hacen la vista gorda).

Como bien señalan los pocos profesionales del ámbito académico, sociológico y médico involucrados con este tema, el problema está en que las prisiones son invisibles en nuestro país. Todos repiten una y otra vez: “La cárcel no reinserta, y si lo hace, es a pesar de la cárcel”, como bien señala el artículo publicado en la revista de pensamiento y política El Ciervo, con el mismo título de nuestro artículo y del que se extraen parte de los datos que se aportan en éste.

Si a esto sumamos que las cárceles están cada vez más llenas porque se criminalizan más conductas, el resultado es el actual hacinamiento en las cárceles españolas. Algo no está funcionando bien. El número de presos no debería aumentar. Debería ser al revés. Pero las últimas modificaciones en el Código Penal han criminalizado muchas actuaciones y la mayoría de los delitos nuevos vienen motivados por dos causas: por ser extranjero (su delito principal es ser ilegal) o por estar relacionado con la droga. En el primer caso, y tomando como ejemplo la comunidad de Madrid, la población reclusa de extranjeros representa casi al 39% del total (según datos de 2005 provenientes de ACAIP, sindicatos de funcionarios de prisiones). El 35,85% son presos preventivos, a la espera de juicio. Y sólo el 0,86% son condenados en primer grado de tratamiento (terroristas, grandes narcotraficantes, internos mafiosos e internos inadaptados al régimen de los centros penitenciarios).

Entonces, ¿qué está ocurriendo? Parece que la única medida posible fuese la pena de prisión. ¿Por qué? Porque tristemente es muy rentable políticamente. Ahora decir que alguien va a cumplir toda la pena, parece complacer a la sociedad. Nuestras cárceles no funcionan y la poca transparencia de los centros penitenciarios y en general, del organismo que los regula, Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio de Interior) se ve favorecido porque la sociedad parece vivir de espaldas a las cárceles. A nadie parece interesarle saber cómo se gastan nuestros impuestos en las prisiones.

Tal vez si tuvieran el dato de que “encerrar a una persona en España cuesta en torno a unos 1.800 euros al mes”, según señala la socióloga experta en cárceles, Elisabet Alameda, se plantearían desarrollar otras alternativas personalizadas mucho más baratas, y realmente más encaminadas a reinsertar al interno y no destruirlo, ya que privar de libertad es una forma de muerte.