La descoordinación entre comunidades autónomas impide adoptar medidas para el bienestar de la niñez
Unos 220.000 menores viven en situación de pobreza extrema en España a la espera de políticas que mejoren su bienestar y que no llegarán hasta que las Comunidades Autónomas se coordinen.
“Realmente no sabemos cuál es la situación de la infancia en España porque los factores de calidad de vida de los niños y niñas varían de una comunidad autónoma a otra.” La advertencia la hace María Jesús Eresta, vicepresidenta de la Plataforma de Organizaciones de Infancia en España. En estos momentos, y según esta organización – de la que forman parte entidades como Save the Children, Cáritas Española, Unicef y ATIME – un total de 220.000 menores de edad viven “en la máxima pobreza” en el Estado español y la media de fracaso escolar ronda el 30%.
Las diferencias de nivel de bienestar infantil entre las distintas comunidades autónomas, la “dispersión” de los datos referentes a los servicios sociales y la variedad de los factores de calidad de vida de la infancia entre regiones “impiden” ver los problemas a los que se enfrenta la infancia en España “como algo homogéneo”, por lo que “en realidad no se sabe cuál es su situación”.
Entre las principales causas de la pobreza de los menores en España destacan la “feminización de la pobreza” y “los cambios en las estructuras familiares”, explica María Jesús Eresta, que advierte que “el paraguas protector que debe asegurar la protección de la infancia aún no se ha construido adecuadamente” en nuestro país. De hecho, España ya debería contar con una estrategia nacional de la infancia, una medida que Naciones Unidas recomendó implantar en 2003, pero cuya aplicación “lleva un año de retraso”, señala la vicepresidenta de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.
En esta línea, los menores que viven en una situación de mayor vulnerabilidad son los inmigrantes no acompañados, cuyo número “se ha doblado desde el año 2000”. Sin embargo, “no existe un protocolo ni coordinación” entre las diferentes administraciones ni comunidades autónomas para garantizar el bienestar de los menores y existen “dudas de que se estén protegiendo los derechos de estos niños”, afirma Eresta, que reclama al Gobierno central políticas de infancia efectivas.
Falta de voluntad de la comunidad internacional
La vicepresidenta de la Plataforma de Organizaciones de Infancia en España hizo ayer estas declaraciones en el marco de la presentación del informe ¿Quién se ocupa de los niños?, elaborado por el Movimiento Mundial por la Infancia y que analiza el cumplimientos de los compromisos adquiridos por 190 gobiernos en la Sesión Especial de la ONU sobre la Infancia celebrada hace dos años.
En este encuentro internacional, los países se comprometieron a alcanzar en un plazo de diez a quince años una educación de calidad y gratuita para los menores, a reducir la mortalidad infantil en dos terceras partes, combatir enfermedades como el paludismo y el VIH/Sida y erradicar las formas de abuso, explotación y violencia contra los menores. Dos años después de esta Sesión Especial, 600 millones de niños y niñas viven en la pobreza, 30.000 mueren diariamente por causas evitables y más de 100 menores no tienen la oportunidad de ir a la escuela. Es más: de seguir así, 56 millones de niños morirán en los próximos años y 75 millones seguirán sin tener acceso a la educación.
Para el editor del informe y jefe de la División de derechos y protección de infancia de Save the Children en Gran Bretaña, Bill Bell, la razón de este retroceso en el bienestar se resume en cuatro palabras: “falta de voluntad política”. “No es que haya una falta de planificación, porque nueve de cada diez países se están preparando sobre el papel para aplicar los planes por la infancia. El problema es pasar a la acción en un clima de ausente voluntad política.”
Prueba de que la inversión internacional mejora la calidad de vida de los niños es Kenia, país que en sólo un año, y gracias a la inversión internacional y a la eliminación de las cuotas escolares, ha visto como 1,3 millones de niños y niñas han podido ir a clase. Éxitos como éste deberían convencer a la comunidad internacional para destinar el 0,7% de su PIB a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), afirma el informe, que advierte que sólo en 2002 “el nivel de brecha” entra la AOD “real” y la que debería haberse otorgado asciende a 113 millones de dólares.
Otras medidas para el desarrollo
En esta línea, tanto Bill Bell como el vicepresidente del Movimiento Mundial por la Infancia, John Greensmith, coinciden en señalar que unos de los principales cambios para avanzar hacia el desarrollo y el bienestar de la infancia pasa por una modificación “fundamental” de las reglas y prácticas comerciales y la reducción de la deuda externa.
Estas dos medidas deberían ir acompañadas de un aumento “significativo” – “por lo menos una duplicación de la ayuda de 50.000 millones a 100.000 millones de dólares anuales” — de los niveles de financiamiento por parte de los países con más recursos.
Más información:
Plataforma de Organizaciones de Infancia
Canal Solidario-OneWorld 2004
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