La Ley de Deuda Externa permitirá que la AOD no compute en operaciones de reducción de deuda

El Congreso de los Diputados aprobó el jueves 23 de noviembre una Proposición de Ley para el tratamiento de la deuda externa que establece un marco legislativo en la gestión de la deuda orientado a erradicar la pobreza y que abre la puerta a que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) deje de computar en operaciones de reducción de la deuda externa. Desde las organizaciones sociales y campañas como Quién debe a Quién ya han reaccionado y aseguran que, aunque la nueva ley incorpora algunas demandas de la sociedad civil, muchos temas claves para promover el desarrollo en el Sur han quedado fuera del texto

Según el texto legal aprobado por el Congreso, una vez alcanzada la cifra del 0,7% del PIB de AOD, el Gobierno deberá presentar ante los organismos internacionales las iniciativas para dejar de contabilizar aquellas operaciones de deuda externa que no deban computarse como AOD.

“Es decir, el dinero que se destine a la deuda externa a la larga no tendrá que contabilizar como dinero que se destina a cooperación”, aseguró el ponente de la misma y portavoz de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Convergencia i Unió (CiU) en el Congreso, Carles Campuzano, en rueda de prensa. Esta iniciativa convierte a España, después de Italia, en el segundo país europeo en dotarse de una legislación de este tipo.

La ley, promovida por CiU, supone según este grupo un paso adelante en la construcción de una política de cooperación comprometida, justa y que responde a las demandas de la sociedad actual. En este sentido, Campuzano destacó el papel “pionero” de la ley en Europa y que ésta norma “supera la visión estrictamente financiera” de la deuda.

El texto insta al Gobierno a que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley presente ante el Congreso un plan para renegociar y en su caso cancelar la deuda contraída con España por los Países Altamente Endeudados (HIPC) antes del 31 de diciembre de 2003, teniendo esta deuda origen en los seguros de créditos a la exportación concedidos por CESCE, así como la deuda del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), dentro del acuerdo del Club de París.


Esta deuda, según datos del Gobierno, asciende actualmente a 1.198 millones de euros, de los que 636 millones son deuda oficial y 562 millones corresponden a CESCE e ICO y se reparten entre los 38 países altamente endeudados.

Regulación del FAD

Asimismo, también se insta al Gobierno a que se presente y apruebe antes de finales de legislatura un proyecto de ley que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y los seguros de créditos a la exportación concedidos por CESCE para mejorar estos instrumentos que generan deuda externa.

Asimismo, se rige por el criterio de transparencia, contemplando el control parlamentario de la política del Gobierno en la materia. Así, el Parlamento analizará y debatirá anualmente la política de gestión de la deuda externa a partir de información que el Ejecutivo remitirá a la Cámara. También se recoge la posibilidad que tanto la sociedad civil como el mundo académico puedan participar en estos debates parlamentarios.

Por otra parte, permite a la sociedad civil vinculada a la erradicación de la pobreza la posibilidad de que estén presentes de forma activa a través de una expresa participación del Consejo de Cooperación en el control y seguimiento de esta política de gestión de la deuda externa.

La nueva ley apuesta por la política de conversión de deuda externa para avanzar de manera clara en el proceso de desligar la ayuda oficial a la compra de bienes y productos españoles. Además en la política de conversión de la deuda se fomentará en primer lugar la participación de actores locales, primando el apoyo al tejido productivo y asociativo local, al objeto de que las operaciones de conversión de deuda maximicen el impacto de desarrollo en los países beneficiarios.

0,7% del PIB en 2012

Por su parte, el portavoz socialista en Cooperación Internacional, Eduardo Madina, destacó que entre las principales modificaciones incluidas destaca “el compromiso para buscar en los organismos multilaterales fórmulas que permitan desarrollar el mandato que esta Ley hace al Ejecutivo, de que los montantes de la deuda sean adicionales al conjunto de la Ayuda Oficial al Desarrollo cuando España alcance el 0,7% del PIB”. Es decir, “que la deuda no compute como AOD cuando nuestro país llegue al objetivo señalado del 0,7%, y que el Gobierno tiene previsto alcanzar para el año 2012”.

En este sentido, Madina también ha destacado que, tras las enmiendas aprobadas en la Cámara Alta, “la Ley incluye la aportación de 528 millones de euros para programas multilaterales de desarrollo a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores para donaciones, en un modelo de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) que no genera deuda, y por el que España apuesta decididamente”.

Desde otras formaciones políticas como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han lamentado la “timidez” de la ley de regulación de la deuda externa y han instado a un mayor control de los créditos de ayuda al desarrollo para que cumplan con su función.

“Sobre todo, lamentamos el hecho que no haya un reconocimiento de la corresponsabilidad de los deudores en la generación de la deuda externa. Ya que no se contempla el establecimiento de mecanismos de evaluación y auditoria del proceso de generación de la deuda en el pasado. Estas auditorias podrían evidenciar la existencia de deudas ilegítimas, que a nuestro entender, deberían ser abolidas de manera inmediata e incondicional”, estimó en un comunicado.

Descontento entre las ONG

Por su parte, desde iniciativas como la campaña Quién debe a Quién ya han advertido que la Ley no incorpora temas clave para los países del Sur y han acusado al Gobierno de “no demostrar voluntad política”.

Según la campaña, la Ley de la Deuda Externa presenta varias lagunas. “La primera de ellas es que no considera que exista responsabilidad alguna de la Administración española en el origen del endeudamiento de los países del Sur. En consecuencia, no anula deudas que fueron contraídas para vender armas españolas a dictadores corruptos, o para financiar proyectos fracasados que no pretendían buscar el beneficio de la población sino el lucro de unos pocos”, advierte.

En este contexto, Quien debe a Quien recuerda que el aumento de los créditos FAD es “inaceptable y contradictorio con la propia Ley de Deuda Externa que prevé revisar este mecanismo de generación de deuda” y alerta que la ley que acaba de aprobarse “sólo propiciará vagamente la participación” de la sociedad civil, pero no creará una Comisión Parlamentaria Permanente sobre la deuda externa que establezca responsabilidades sobre la concesión de créditos ilegítimos y su posterior anulación.

Asimismo, Quien debe a Quien explica que, si el Gobierno dejará de contabilizar las operaciones de deuda como AOD cuando alcance el 0,7% del PIB, esto “evidencia que el actual aumento de la AOD por parte del Gobierno no se entiende sin la contabilización de la deuda”.


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