Las expulsiones 'preventivas' aumentan el recelo hacia los inmigrantes musulmanes, según entidades

Consecuencias muy negativas para la convivencia social, para las personas inmigradas que sólo desean trabajar en España y para los extranjeros que sean devueltos a su país de origen. ONG de derechos humanos y apoyo a los inmigrantes advierten de esta manera de los efectos que pueden tener las expulsiones preventivas de extranjeros, última medida del Gobierno para combatir el terrorismo.

Las afirmaciones de estas organizaciones tienen lugar días después de que el Gobierno socialista expulsara a dos miembros de la comunidad musulmana acusados de estar relacionados indirectamente con los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid. El retorno a su país se produjo tras aplicar la Ley de Extranjería, por lo que ONG y entidades islámicas en España advierten que no debe confundirse la normativa sobre extranjería, puramente administrativa, con las medidas penales.

“Es erróneo presentar la legislación de extranjería como un ariete más en la necesaria lucha contra el terrorismo, ya que existen suficientes instrumentos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional para perseguir la comisión de este tipo de delitos”, afirma la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que se muestra preocupada “ante la posible generalización o utilización injustificada de este mecanismo previsto en la actual Ley de Extranjería”.

Según CEAR, las expulsiones preventivas para combatir el terrorismo “contribuyen a incrementar el ambiente de criminalización contra una comunidad que, en su inmensa mayoría, reside y trabaja pacíficamente en España”. La misma opinión expresan desde la Comisión Islámica y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), que temen un “uso arbitrario” de la Ley de Extranjería y advierten del peligro para la convivencia social que supone identificar “inmigrante irregular con peligroso terrorista”.


“El efecto que esto puede provocar sí que es peligroso”, sentencia APDH-A, que señala que “favorecer desde el Gobierno cualquier conexión entre delincuencia o terrorismo e inmigración crea un caldo de cultivo nada deseable para la convivencia”. “La experiencia de otros países de la Unión Europea demuestra que medidas policiales indiscriminadas y recortes de libertades para controlar a los musulmanes sólo conducen a la marginación de éstos y a generar dinámicas de resentimiento, verdadero caldo de cultivo del radicalismo”, añade la Comisión Islámica en España.

Responsabilidad del Gobierno

Desde hace unos días, el Gobierno combina y aplica los artículos 57 y 54 de la Ley de Extranjería, que contemplan la expulsión de extranjeros del territorio nacional y describen una serie de conductas graves y muy graves que pueden dar lugar al retorno de los inmigrantes. Entre estos puntos destacan las “actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado” y las “contrarias al orden público” y la protección de la seguridad ciudadana.

Asimismo, el Ministerio del Interior ya ha anunciado la creación de una Brigada Central de Expulsiones para, según el Ejecutivo, luchar contra la inseguridad ciudadana. El organismo estará presente en las regiones con mayor presencia de inmigrantes sin regularizar.

En este contexto, desde CEAR recuerdan las consecuencias que la expulsiones preventivas podrían tener en el país de origen de los inmigrantes implicados. “Aunque los inmigrantes retornados no tengan procesos penales pendientes – afirma la ONG – sus países les acogerán con recelo o, aún peor, en países con graves carencias en materia de derechos humanos y democracia podrían ser víctimas de tratos inhumanos o degradantes, incluida la tortura”. En esta línea, el Gobierno español debería “garantizar” que los inmigrantes expulsados no serán sometidos a actos crueles.

Más información:
CEAR
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

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