Las organizaciones ecologistas suspenden al Gobierno español por su gestión medioambiental

Antes de las elecciones de 2004, WWF/Adena, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace y SEO/Birdlife formularon una serie de propuestas ambientales para que los partidos políticos las incorporasen en sus programas electorales de cara a conseguir un futuro sostenible.

Ahora, cuando está a punto de cumplirse los dos primeros años legislatura del Gobierno de Zapatero, las misma entidades han elaborado un documento en el que evalúan la gestión medioambiental realizada y el grado de cumplimiento de las medidas propuestas entonces. Su conclusión es clara: a pesar de reconocer los esfuerzos del Ministerio de Medio Ambiente, las ONG no observan avances significativos en este ámbito. “La política ambiental apenas ha mejorado y, en consecuencia, la situación de partida, que ya era claramente negativa, está muy lejos de haberse corregido”, señalan.

Las organizaciones dan a la política del Gobierno un “suspenso generalizado” ya que, a su juicio, está primando las actuaciones “insostenibles” de los Ministerios de Industria, Fomento y Agricultura, y consideran que “si no hay una importante rectificación del rumbo que afecte a todos los ministerios, y en particular a estos tres, al final de la legislatura no se habrán cumplido la mayor parte de los compromisos ambientales expuestos en el programa electoral que llevó al poder al PSOE”.

Lejos de Kioto

En esta línea, las ONG advierten que, de continuar las políticas actuales, “será imposible llegar a cumplir el Protocolo de Kioto”. Además, consideran que el Plan de Infraestructuras y Transportes, que prevé un aumento de autovías y autopistas y, por lo tanto de emisiones de dióxido de carbono (CO2), y el insuficiente Plan de Energías Renovables tampoco contribuirán a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por otra parte, señalan que la promesa del PSOE de establecer un calendario para el cierre de las centrales nucleares “sigue pendiente de cumplimiento”.

Respecto a la agricultura, las cinco entidades destacan que “hasta ahora, es uno de los principales suspensos ambientales del Gobierno”: continúan construyéndose nuevos regadíos en zonas de alto valor natural, no existe ningún plan para controlar el abuso de agroquímicos, la agricultura ecológica sigue sin recibir el apoyo necesario, y se está dando continuidad a una política favorable a los transgénicos evidenciada, por ejemplo, en los borradores presentados para regular la coexistencia de cultivos transgénicos y tradicionales.

En el ámbito del agua, aunque los ecologistas celebran el derogamiento del trasvase del Ebro, critican que el PHN siga contemplando la construcción de muchas obras hidráulicas y denuncian los pocos avances realizados a la hora de recuperar los acuíferos sobleexplotados y cerrar las extracciones ilegales: de los 510.000 pozos ilegales contabilizados, sólo se han iniciado acciones legales en 1.980 y se está discutiendo una amnistía general a las que las ONG se oponen. También critican la falta de programas adecuados para restaurar ríos y que el Gobierno promueva la degradación de estos por obras de emergencia.

La ordenación del territorio es otro de los ámbitos en los que se suspende la gestión gubernamental. “El desarrollo urbanístico de la costa ha sido feroz, especialmente en Alicante, Murcia, Almería y Málaga, sin haberse tomado medidas para su regulación”. Otros ámbitos tampoco salen bien parados: por ejemplo, los ecologistas critican que se utilice la incineración de residuos, que no se haya creado una red de áreas marinas protegidas ni erradicado la pesca ilegal o el incumplimiento del principio ‘quien contamina paga’.

Satisfacción por la participación y transparencia

Sin embargo, los ámbitos que son competencia directa del Ministerio de Medio Ambiente son los obtienen mejor valoración de los ecologistas, aunque sólo en el caso de participación y transparencia es satisfactoria del todo. Así, se destacan muy positivamente la creación del Observatorio de la Sostenibilidad en España, la reforma del Consejo Asesor de Medio Ambiente y la elaboración de una Ley reguladora de los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

No obstante, las ONG critican que la política de conservación de la biodiversidad ha estado relegada en las prioridades de este Ministerio y lamentan la “exasperante lentitud” del proceso de declaración de la red Natura 2000.

Más información:

Informe Un programa por la Tierra
Greenpeace
Ecologistas en Acción
Amigos de la Tierra
SEO/Birdlife
WWF/Adena

Canal Solidario-OneWorld 2006