Las protestas por la nacionalización del gas siguen en Bolivia y dividen a los movimientos sociales

En estos momentos, el 60% de las carreteras de Bolivia están bloqueadas. Las protestas sociales que desde hace meses vive el país y que se han incrementado las últimas tres semanas continúan tomando carreteras y las ciudades de La Paz y El Alto. El fin de la pobreza, la nacionalización del gas, la creación de una Asamblea Constituyente plural y la destitución del presidente Carlos Mesa y del Parlamento son algunas de las exigencias de los movimientos sociales, que ven cómo a medida que avanzan las protestas evolucionan también sus posiciones y sus divergencias.

La mayoría de las marchas están organizadas por entidades como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, la Central Obrera Boliviana y movimientos de base y aglutinan a mineros, maestros, trabajadores de los barrios más humildes, estudiantes, campesinos e indígenas, entre otros. Su principal petición es la nacionalización de los hidrocarburos, para que los beneficios de su venta lleguen a todos los bolivianos y no únicamente a las multinacionales.

“Si recuperamos los hidrocarburos habremos solucionado los problemas de hambre y económicos que afectan a los bolivianos. Es la única oportunidad que tenemos para salir de la pobreza”, explica en EconoticiasBolivia Miguel Zubieta, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros. Sin embargo, el presidente Mesa ha respondido que no nacionalizará el gas y ha lamentado que la nueva Ley de Hidrocarburos, promulgada el pasado 17 de mayo, incluso “podría desmotivar a las empresas extranjeras a la hora de invertir en el país”.

Carlos Mesa llegó al poder a finales de 2003, después de que el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada fuera derrocado por los movimientos sociales, que reclamaban la nacionalización del gas y que vieron cómo varios de sus compañeros fueron arrestados o muertos por parte de la policía. De hecho, las concentraciones de estos días en Bolivia también recuerdan estos actos y piden que juzgue a los ex gobernantes.

Esta petición la apoya también Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que cuenta con gran apoyo popular y representación en el Congreso. Sin embargo, las posiciones de Morales se apartan de las de los movimientos que se concentran en La Paz y El Alto; el MAS, que aspira a ganar las elecciones presidenciales de 2007, apuesta por movilizarse a favor de una Asamblea Constituyente y apoya el mantenimiento del Parlamento, pero se aleja de las exigencias por la nacionalización del gas.

En este clima de tensión, la Iglesia Católica ha hecho un llamamiento a todos los sectores implicados para que sean responsables y se sienten a dialogar. Pero tanto desde los movimientos sociales como desde el Gobierno no dan legitimidad a ninguno de sus interlocutores. Los grupos de base han pedido la marcha de Carlos Mesa, mientras que el presidente ha acusado a las organizaciones sociales de recibir dinero a cambio de mantener las concentraciones de manera indefinida.


Asimismo, el presidente decidió este jueves 2 de junio convocar la Asamblea Constituyente tan reclamada y organizar un referéndum para el próximo 16 de octubre. El objetivo de esta propuesta, que debe ser ratificada por el Congreso la semana que viene, no es otro que acallar las protestas sociales.

800 millones de dólares en deuda interna y externa

En este contexto, Cáritas presentó hace unos días un informe en el que advierte que, sólo el año pasado, Bolivia pagó más de 800 millones de dólares en concepto de intereses y amortizaciones de la deuda externa e interna. El endeudamiento actual de país supone el 82% del Producto Interior Bruto y podría alcanzar en breve el 95%.

A estos datos de pobreza se suman también los de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, que revela que seis de cada diez bolivianos de las principales ciudades del país desea emigrar al extranjero. En la actualidad, el 32% de los bolivianos vive ya en otros países, como España, Estados Unidos y Argentina, y muchos jóvenes de entre 18 y 24 años afirman que su deseo es salir al exterior en busca de una vida mejor.

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