Los recortes aumentan la vulnerabilidad de las personas con VIH

Dani contrajo el VIH hace 10 años y desde entonces todo han sido trabas en su trayectoria profesional. Ha vivido el rechazo por parte de sus compañeros, el cambio injustificado de condiciones de trabajo y un despido sin razones de peso. Recientemente ejerció como guardia de seguridad hasta que le anunciaron que no le renovaban, misteriosamente pocos días después de revelar su seropositividad. Todavía es joven y se ha planteado opositar para policía o entrar en el ejército, pero a pesar de encontrarse bien de salud sabe que lo van a excluir por tener VIH.

El caso de Dani es solo un ejemplo de las muchas situaciones con las que se encuentran a diario las más de 150.000 personas que viven con VIH en nuestro país. Se las discrimina en oposiciones para acceder a cuerpos de la administración pública; se les sigue denegando la residencia e incluso la entrada en todavía más de 100 países del mundo, y les resulta imposible contratar un seguro de vida y acceder a créditos hipotecarios.

Todo ello lo constata el Observatorio de Derechos Humanos REDVIH, a través de su Servicio de Asesoría Legal, que le permite ejercer de observador de excepción de las situaciones de vulneración de los derechos humanos hacia las personas que viven con VIH en nuestro país, y las refleja en su Informe Anual de Consultas.

Durante el año 2011 el Observatorio recibió un total de 161 consultas legales, de las cuales un 28% hacían referencia a empleo y al acceso al mundo laboral, un 5% más que las recibidas durante el 2010. Los motivos de consulta referían situaciones de despido, violaciones de la confidencialidad del estado serológico, cambios en las condiciones laborales, barreras para optar a puestos de trabajo y negativas a renovar contratos.

“Las personas que viven con VIH, por la discriminación que todavía hoy arrastra la enfermedad, se encuentran ya de entrada con más dificultades para acceder al mundo laboral”, explica Héctor Fortuny, facilitador del Grupo de Derechos Humanos de REDVIH. Y añade, “en estos momentos de crisis económica y mayor desprotección social resulta imprescindible establecer mecanismos que favorezcan la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral de personas que viven con VIH, y esto debe realizarse con el apoyo de todos los actores implicados en el empleo”.

Otro de los ámbitos en los que, según el informe, las personas que viven con VIH ven vulnerados sus derechos y que ha experimentado un aumento sustancial en el número de consultas, es el que hace referencia a los servicios de Seguros, que ha representado el 13% del total de consultas (9% en 2010). Este crecimiento se registra después de la jornada sobre Acceso a los servicios de seguros y VIH, organizada por REDVIH con el objetivo de actuar para transformar la situación actual. Tal como explica Joan Bertran de Bes, coordinador del informe, “en la actualidad las compañías no permiten contratar un seguro de vida a personas con VIH y de igual forma ocurre con las pólizas anexas a préstamos bancarios e hipotecas. Esto significa una discriminación clara hacia las personas que viven con VIH en nuestro país ya que los datos epidemiológicos actuales sitúan la esperanza de vida de las personas con VIH en España cerca de la de la población media, lo cual no justifica que el VIH siga siendo un factor excluyente de los servicios de seguros”.

Los demás ámbitos de consulta que recoge el informe fueron la Atención Sanitaria (20% del total de consultas), la Administración (11%), el Rechazo en la vida cotidiana (11%) o el disfrute de Servicios de bienestar social (6%). La media de edad de las personas atendidas se situó en los 38 años, 38% de las cuales eran mujeres y un 62% hombres, con un 14% de población inmigrante.

La respuesta de la sociedad civil ante el reto actual
Desde el inicio de la pandemia, las organizaciones civiles han estado trabajando al lado de las personas con VIH con el objetivo de reducir la discriminación que se continúa asociando a esta enfermedad. Y aunque son muchos los avances que se han obtenido en la respuesta a la pandemia, ahora se ve peligrar por el actual contexto económico.

Ante esta situación, la sociedad civil ha empezado a movilizarse con el objetivo de garantizar la continuidad del trabajo que durante tres décadas han llevado a cabo tanto las organizaciones civiles como los agentes públicos y privados en materias fundamentales como son el abordaje clínico de la enfermedad, la prevención de nuevos casos, la educación o la atención y prevención de situaciones de vulneración de derechos básicos de las personas con VIH. En esta línea, el pasado mes de diciembre más de 300 ONG del VIH y sida del estado español enviaron una carta conjunta para pedir a la nueva ministra de Sanidad, Ana Mato, compromiso político y económico a largo plazo para garantizar la continuidad de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, siendo éste un organismo fundamental para coordinar la respuesta nacional ante el VIH.

En esta línea, una de las actividades que también impulsó REDVIH en 2011 fue la exitosa campaña de sensibilización “No Discriminación por VIH” (www.nodiscriminacionvih.org), con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta situación y crear un clima social y político favorable a la defensa de los derechos humanos. Esta iniciativa, que basó su fuerza en las redes sociales y la comunicación 2.0, logró recoger más de 1.400 firmas para enviar una carta al gobierno español y organismos internacionales pidiendo mayor compromiso en el respeto de los derechos de las personas con VIH. Además, la campaña logró recoger más de 500 mensajes y fotografías a favor de la no discriminación a través de las plataformas digitales Facebook y Twitter.

­­­­­­­­­­­­­­­*Sobre el Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida de REDVIH*
El Observatorio se creó en 2003 como un proyecto del Grupo de Derechos Humanos y VIH de REDVIH, la Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado español, con los objetivos de abordar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, visibilizar los casos de vulneración de derechos y sensibilizar a la población sobre esta situación. Para ello, ofrece el Servicio de Asesoría Jurídica confidencial gratuita, al cual puede dirigirse toda persona que viva en España y considere que ha recibido trato discriminatorio relacionado con el VIH y el sida. El Observatorio es un proyecto financiado por el Plan Nacional del Sida del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.