"Me decían que fuera tolerante. ¿Y a mí me piden tolerancia?"

“Alina, explícame cómo pasó”. “Fue el 31 de julio. Yo había ido con mi novio a la estación de Atocha a comprar un billete de tren a las nueve menos cuarto. Le pregunté a un vigilante de seguridad donde se compraban los billetes, mientras mi novio intentaba averiguarlo por otro lado. Me contestó: ‘¿Crees que puedes venir a estas horas a comprar el billete?’ Así, muy agresivo. Yo no sabía que cerraba a las 9 y le contesté que venía cuando podía y quería. Entonces él llamó con su walki-talki y dijo que había un incidente con una gitana. Yo le grité que no soy gitana, que no todas las personas rumanas somos gitanas. Entonces él me insultó, me volvió a llamar gitana y me dijo que en la falda, que llevaba larga, guardaba una bomba para colocar en la estación”.

“Entonces continúa vino mi novio y le dijo que no se metiera conmigo porque estoy embarazada. Él contestó que yo seguía siendo una terrorista aunque estuviera embarazada, que me había escuchado decir que iba a poner una bomba. Cuando mi novio le pidió que se identificara, nos gritó que a los rumanos y a los gitanos rumanos nos iba a echar él mismo de España… Yo le grité ‘hijo de puta’ y él alzaba el brazo como si fuera a pegarme. No quiso identificarse, llamamos la policía municipal, hablaron con él y con nosotros, pero nada más. Tampoco nos dieron su nombre. Después de eso, le denuncié en la policía de Arganzuela, pero no quisieron atender la denuncia, me decían que fuera tolerante. ¿Y a mí me piden tolerancia?”

Con un acento que asegura no poder suavizar tras cinco años en España, pero con frases firmes y claras, Alina B. B. explica a una voluntaria de SOS Racismo cómo vivió la primera vez que alguien la insulta por ser de otro país. “A mí nunca me había sucedido y lo he pasado muy mal. Pero tengo la suerte de ser joven (tiene 32 años) y tener un ordenador en casa. Si esto le hubiera pasado a mi madre se habría tirado una semana llorando en casa por no valer nada por no ser española sino rumana, pero nada más”.

Alina, en cambio, acudió a SOS Racismo, intentó interponer una denuncia en la comisaría de Arganzuela y escribió al Defensor del Pueblo europeo. En SOS Racismo, le darán apoyo, le ayudarán a redactar la denuncia, le pondrán en contacto con el Defensor del Pueblo, y le asignarán un abogado de oficio. El Defensor del Pueblo Europeo también tramitará su reclamación. Ya se lo han comunicado.

“Quizá las denuncias más numerosas que recibimos sean contra policías o vigilantes de seguridad, pero también contra gente de la calle que se niega a alquilar su piso a inmigrantes, por ejemplo”, explica Elena Vázquez, la abogada voluntaria de SOS Racismo que atiende a Alina. En esta ONG se recibieron, durante 2008, 310 denuncias relacionadas con situaciones de racismo o xenofobia, de las 80 eran contra cuerpos de seguridad públicos y privados.

Aumento de denuncias por abusos y discriminación

En Amnistía Internacional, desde donde también se recogen denuncias que son publicadas cada año en informes, aseguran que “en los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas como gitanos”. SOS Racismo, asimismo, constata que durante 2008 se produjo un aumento del racismo institucional en Europa hacia personas inmigrantes y hacia el pueblo gitano, a causa de la Directiva Europea de Retorno, conocida también como la Directiva de la Vergüenza, “a la que la ONU y otros organismos internacionales han mostrado su rechazo”, explican desde la organización.

El racismo invisible

En cuanto a la actuación de policías y vigilantes de seguridad, AI denuncia que las autoridades españolas “vulneran los derechos humanos al no garantizar la prevención y la investigación exhaustiva de los actos de tortura y el castigo adecuado de sus perpetradores”.

La organización explica que por esto, España está “a la cola de Europa en el combate contra el racismo y la xenofobia”. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), asimismo, sitúa a España entre los cinco estados miembros que no recoge ni publica datos oficiales de denuncias o procesos penales sobre racismo; y entre los diez estados que no han ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que entró en vigor en 2008. Por ello, según Naciones Unidas, España es uno de los países europeos con una mayor incidencia de casos de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras.


El proyecto Acción contra la Discriminación publicó un informe en 2008, donde analizaba 612 casos de discriminación en España. Detectó que en “el 80% de los casos no se presentó ninguna denuncia y en los que sí hubo, en ninguno se expidió sentencia favorable a la víctima”. Además, una investigación de la Universidad de Valencia analizó el número de casos en los que, entre el año 1996 a 2005, Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo habían aplicado la agravante por motivos racistas. El resultado indicó que únicamente en 14 casos se alegó discriminación racial y sólo en seis casos sé aplicó.

Por ello, AI ha pedido al Gobierno español desarrolle un plan integral de lucha contra el racismo en los ámbitos nacional, autonómico y local para evitar actitudes o actos racistas, xenófobas, antisemitas e islamófobas en ámbitos educativos, laborales o sociales. Pero por encima de todo, según esta ONG, sería necesaria “una reforma de la ley de extranjería que garantice el acceso de los inmigrantes a todos sus derechos humanos, independientemente de su situación administrativa en España, como dictaminó el Tribunal Constitucional”.

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CanalSolidario.org 2009

La primera foto es de SOS Racismo; la segunda de Anarcxpoll. Fue colgada en Flickr y muestra la huida de dos jóvenes inmigrantes ante la llegada de la policía.