Mujeres 'sin papeles': más desatendidas y vulnerables ante la violencia de género en España

“No dije nada por vergüenza. A pesar de que tenía la cara llena de hematomas, el policía dio el caso por zanjado. Entonces me pidió la documentación. Al no tener papeles revisó de arriba abajo mi pasaporte. Dio todos mis datos a la Brigada de Extranjería”.

Es la historia de S.D.M., mujer argentina en situación irregular y víctima de violencia de género. Como ella, muchas mujeres en su situación padecen algo parecido a una doble discriminación por su situación legal, que las convierte en más vulnerables y desatendidas que el resto de víctimas.

En un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) titulado Inmigrantes indocumentadas: ¿hasta cuándo sin protección frente a la violencia de género?, la organización pro derechos humanos refleja como las mujeres extranjeras indocumentadas víctimas de violencia de género se encuentran expuestas a distinciones arbitrarias, dificultando así que este colectivo presente denuncias contra sus agresores.

“Se las excluye del acceso a ayudas económicas por carecer de permiso de residencia; se les deniega el acceso a las plazas de los centros de acogida y se las envía a recursos sociales no especializados en violencia de género”, asegura el informe.

Para Amnistía Internacional, el Estado español “no cumple con su obligación de proteger los derechos humanos de todas las mujeres víctimas de violencia de género, y contribuye a la discriminación de aquellas que están en una situación de irregularidad”.

Y todo eso diez meses después de la entrada en vigor en España de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Según AI, la situación de las mujeres extranjeras indocumentadas se agrava con medidas recientemente aprobadas por el Gobierno español, como la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la actuación de los cuerpos policiales en relación con este colectivo.

La medida prevé las actuaciones que deben desarrollar los agentes de las Fuerzas de Seguridad ante un caso de violencia de género en el que la víctima sea extranjera en situación irregular.

Asi, la instrucción ordena a los agentes que, una vez realizadas las actuaciones dirigidas a informar y atender a la víctima de violencia de género, averigüen la situación administrativa en la que se encuentra y, en caso de que su situación sea irregular, inicien las actuaciones previstas en la propia Instrucción, que pueden derivar en una sanción administrativa o incluso en un expediente de expulsión.

La Instrucción también establece que se debe informar a estas mujeres sobre las vías previstas para suspender al procedimiento de expulsión y obtener un permiso de residencia por motivos excepcionales. Pero esta vía de regularización no es nada fácil: requiere que la mujer interponga una denuncia, solicite y obtenga una orden de protección, y consiga una sentencia positiva que condene al agresor.

Subordinar los derechos humanos a las políticas de control migratorio

Para la responsable del área de mujer de AI, María Naredo, “con esta medida el Estado español ha subordinado los derechos humanos de las mujeres víctimas de tales abusos a sus políticas de control migratorio, condición que sin duda agravará la invisibilidad, la desprotección y la vulnerabilidad de este sector”.

Además señala que las mujeres inmigrantes indocumentadas han percibido en muchos casos a las instituciones policiales con desconfianza y miedo. “Esta medida lo que provocará es que sean más reacias a pedir protección, y por tanto sean más invisibles de cara a la administración”.

Amnistía Internacional muestra su preocupación porque de las 55 mujeres asesinadas en España este año (hasta el 15 de noviembre), más del 30% son extranjeras. “Las inmigrantes indocumentadas víctimas de violencia son invisibles para la administración, porque no existen datos sobre la situación administrativa de las asesinadas, de cuantas inmigrantes indocumentadas han presentado denuncia, si han recibido orden de protección o si han obtenido una sentencia favorable”, reza el informe.

Amnistía Internacional pide al Gobierno español que elimine los “obstáculos” que impiden a las inmigrantes indocumentadas contar con la plena protección de los derechos humanos ante la violencia de género.

Además, la organización reclama al Ejecutivo que retire la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad y la sustituya por otra que garantice la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna en función de circunstancias como la situación administrativa de residencia.

AI quiere que “se asegure de que el principio de no discriminación enunciado en la Ley Integral sea una realidad y todas las mujeres, con independencia de su situación administrativa, accedan a todos los recursos y ayudas económicas previstos para las víctimas”.

Más información:

¡Actúa! No más violencia contra las mujeres

Amnistía Internacional

Migrar.org