Ocho millones de personas en la UE: correr es su destino por no llevar papeles

El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer miércoles por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones la nueva norma comunitaria sobre procedimientos de repatriación de los inmigrantes.

Uno de los apartados más polémicos es el que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión, incluidos los menores, en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses. También prohíbe volver a la UE durante 5 años a cualquier inmigrante que haya sido expulsado de un Estado miembro.

La norma recibió el apoyo mayoritario del grupo popular europeo, incluida la delegación española. Los socialistas se dividieron, aunque la delegación española votó a favor, con la excepción de Josep Borrell y Raimon Obiols, que se opusieron a la directiva, y de Martí Grau, que se abstuvo. El grupo de los Verdes (y su representante español, David Hammerstein) y el de Izquierda Unitaria (Willy Meyer) votaron contra el texto. El eurodiputado del PNV, Josu Ortuondo, se abstuvo.

El pleno rechazó las enmiendas presentadas por el grupo Verde y por Izquierda Unitaria que reclamaban la retirada del texto por considerarlo un atentado contra los Derechos Humanos de los inmigrantes. Los eurodiputados tampoco aceptaron ninguna de las modificaciones presentadas por el grupo socialista para suavizar el contenido de la directiva.

“La gran vergüenza de la UE”

Los socialistas españoles votaron a favor de la directiva por considerar que constituye “un avance en la creación de una política de inmigración común”.

El eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera, subrayó, por su parte, que la directiva “es un paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración y un instrumento jurídico imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal”.

En contraste, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, calificó la directiva de retorno como “la gran vergüenza de la UE” y dijo que con ella “se pretende deportar a 8 millones de personas bajo la figura de la detención administrativa”, algo que, en su opinión, nunca se le aplicaría a un ciudadano europeo. “La detención administrativa convierte a los inmigrantes en unos delincuentes, cuyo único delito es haber abandonado su lugar de origen en busca de una vida mejor”, afirmó.

La postura de las ONG

Amnistía Internacional también se declaró “profundamente decepcionada” por el voto favorable de la Eurocámara al considerar que la directiva “no garantiza el retorno de los inmigrantes irregulares de manera digna y segura” y no contempla suficientes salvaguardas para los menores no acompañados. La organización humanitaria reclamó a los Estados miembros que ya aplican más garantías que las previstas en esta directiva, como España, que no aprovechen su aprobación para rebajarlas.

Una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la UE, los Estados miembros tienen un plazo de dos años para introducir la directiva en sus respectivas legislaciones nacionales. Además, tendrán un año adicional para prestar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes inmersos en un procedimiento de expulsión.

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