ONG piden a España que no apoye la desmovilización paramilitar en Colombia si continúa la impunidad

Desde que en 2002 los paramilitares anunciaran un alto el fuego, más de 4.700 personas de estos grupos se han desmovilizado en Colombia. Aunque las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no han respetado el cese de las hostilidades, el Gobierno de Álvaro Uribe ha continuado con las negociaciones y su programa de reinserción, poco transparente y con pocas garantías para los derechos humanos, según varias ONG.

En este contexto, las autoridades colombianas se reúnen este jueves y viernes en Cartagena de Indias con representantes españoles, de la Unión Europea, de Naciones Unidas y la de población civil para pedir más apoyo a la política de ‘mano dura’ de Uribe y más dinero para impulsar la desmilitarización de los paramilitares. Sin embargo, organizaciones como el Centro de Investigación para la Paz, Amnistía Internacional y Human Rights Watch piden cautela a la comunidad internacional y advierten de los “indicios de impunidad” que se dan en el proceso de desmovilización y reinserción de los grupos paramilitares.

“Las propuestas de ley presentadas por el Gobierno colombiano hasta ahora suponían dar impunidad a responsables de graves violaciones a los derechos humanos, no contemplaban los derechos de las víctimas, ni la devolución de las tierras y bienes apropiados ilegalmente por los paramilitares, ni el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades”, explica un informe del Centro de Investigación para la Paz (CIP). Según este documento, lo más probable es que durante la reunión de estos días en Cartagena de Indias el Gobierno de Uribe no cambie de actitud, por lo que la comunidad internacional debería negarse a apoyar su iniciativa y exigir un “plan integral de paz”.

“Cualquier tipo de ayuda internacional debe condicionarse a que el Gobierno colombiano se comprometa a aplicar íntegramente las recomendaciones de Naciones Unidas”, añade Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. Como señala Lee, algunos de los 1.900 homicidios y desapariciones cometidas por grupos paramilitares tras la firma del alto el fuego han sido perpetrados por personas presuntamente desmovilizadas y otras muchas se han “reciclado” y convertido en informantes de las fuerzas de seguridad colombianas.

En la actualidad, “la única” condición que se exige a un combatiente paramilitar para desmovilizarse es dar su nombre y entregar su arma, advierte Human Rights Watch, que junto a Amnistía y el CIP pide a la comunidad internacional que no apoye la desmovilización impulsada por Álvaro Uribe sin las “garantías suficientes” y sin que el Gobierno colombiano ponga en marcha las recomendaciones de derechos humanos de la ONU asumidas en julio de 2003.

Responsabilidad española

Estas mismas peticiones han llegado al Gobierno español, a quien el Centro de Investigación para la Paz recuerda que puede jugar “un papel destacado” en la política de la Unión Europea hacia esta región. Desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, España ha suspendido la venta de material militar a Colombia y ha mantenido una actitud crítica, aunque también “ha expresado claramente su apoyo al presidente colombiano y a su política de seguridad democrática”, advierte el informe del CIP.


En esta línea, durante el segundo semestre de este año el Gobierno español ocupará la presidencia de la troika del G-24, un grupo informal de donantes a Colombia creado hace año y medio y en el que participan la UE, una decena de países, Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Asimismo, los próximos 6 al 9 de febrero, el presidente Uribe viajará a Madrid para entrevistarse con el Gobierno de Zapatero, una oportunidad que las autoridades españolas deben aprovechar para dejar claro “su mensaje contra la impunidad” en Colombia, dice Amnistía Internacional.

El delegado de la ONU en Colombia deja su cargo

El encuentro en Cartagena de Indias y la visita de Álvaro Uribe a España tienen lugar sólo unos días después de que el delegado de Naciones Unidas en Colombia, James LeMoyne, anunciara que dejará su cargo en abril. LeMoyne, que mediaba con la guerrilla desde hacía seis años a favor de las conversaciones de paz, afirmó que deja esta responsabilidad después de que el Gobierno colombiano se lo pidiera por “falta de confianza” en su persona.

Mientras tanto, la población civil es la principal víctima del fuego cruzado en Colombia. Sin ir más lejos, el lunes pasado un grupo de hombres armados, presuntamente paramilitares, asesinaron a siete campesinos de una misma familia e hirieron a otras tres personas tras acusarlos de ser “auxiliadores de la guerrilla”, en el departamento de Antioquia. También el mismo lunes, guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) mataron en el Cauca a un líder indígena que trabajaba como fiscal de una organización civil en esta región.

Actúa: Pide al Gobierno español que no apoye el modelo de desmovilización que impulsa Álvaro Uribe en Colombia

Más información:
Centro de Investigación para la Paz
Amnistía Internacional
Human Rights Watch

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