Organizaciones de derechos humanos critican el “espíritu continuista” del Reglamento de Extranjería

El Reglamento de aplicación de la Ley de Extranjería aprobado el pasado 30 de diciembre por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no protege a las personas inmigradas ni incluye el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos que trabajan en este ámbito. Es la conclusión a la que, tras ver el texto aprobado, llegan entidades como SOS Racismo, Amnistía Internacional y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que afirman que el documento incluye algunos aspectos esperanzadores pero que el balance general es negativo.

Entre las aportaciones positivas del nuevo Reglamento destaca la apertura de un nuevo proceso de regularización extraordinario que, según SOS Racismo, “mejorará la situación legal administrativa y económica de muchas personas”. También destacan la “racionalización de algunos procedimientos” y la adopción de medidas que facilitarán canales a los inmigrantes para que sus derechos sean reconocidos, añaden APDHA y Amnistía.

Sin embargo, como señala esta última organización, las mejoras son “insuficientes” en el ámbito de los derechos humanos y se ha perdido una oportunidad para mejorar la protección de los demandantes de asilo y de los inmigrantes que viven en territorio español. El Reglamento “sigue la línea de la última reforma de la Ley, que endurecía las medidas para obligar a las compañías transportistas a controlar la inmigración” y no ofrece las medidas de protección suficientes para colectivos más vunerables como las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, señala Amnistía Internacional, que afirma que la nueva normativa debería obligar a “no devolver a ninguna persona a su país si eso puede poner en peligro su vida”.

“El Reglamento mejora algunas cosas y empeora otras, pero el balance comparativo resulta en muchos aspectos negativo y en general decepcionante”, añaden desde SOS Racismo. Ejemplo de esta situación, explica la ONG, es el hecho de que la normativa aprobada por el Gobierno ofrezca la posibilidad de regularización a través de un nuevo proceso ordinario.


Esto beneficiaría a muchas personas, pero igualmente deja fuera a aquellos inmigrantes que no están empadronados y concede la decisión de regularización a los empresarios, ya que el Reglamento “no contempla” otras vías de regularización diferentes a la laboral. En este contexto, la normativa deja claro que “no persigue regularizar a inmigrantes indocumentados, sino legalizar puestos de trabajo no declarados, de la economía sumergida”, sugiere en un comunicado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Necesidad de un Plan integral contra el Racismo

En este contexto, desde las entidades sociales y de derechos se tiene la sensación de que el Gobierno no ha escuchado suficientemente sus propuestas para la elaboración del Reglamento de Extranjería y alertan de que la política de integración está “ausente” en la agenda gubernamental.

Un primer paso, afirma Amnistía Internacional, sería la firma y la ratificación de la Convención Internacional de Trabajadores Migrantes y sus Familias y la adopción de un Plan integral y de ámbito estatal para luchar contra el racismo y la xenofobia. Esta última medida es, según esta ONG, de gran importancia debido al “aumento preocupante” de las manifestaciones de racismo en varias esferas de la sociedad española, como la vivienda, el mundo laboral, el ocio y la educación.

En esta línea, el Gobierno ha anunciado la puesta en funcionamiento del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia durante el primer trimestre de este año 2005. Este organismo, que dependerá de la secretaría de Estado de Inmigración, analizará la evolución de la percepción de los españoles en relación a la población inmigrante, dará visibilidad a buenas prácticas que sensibilicen a la población española y favorezcan la convivencia y trabajará de manera conjunta con profesionales sanitarios, trabajadores sociales, funcionarios y medios de comunicación para sensibilizarles sobre el tema.

Más información:

Amnistía Internacional
SOS Racismo
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

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