Perú reparará a las víctimas de la violencia política entre los años 1980 y 2000

El Congreso peruano ha aprobado un Plan Integral de Reparaciones a las víctimas de la violencia política en Perú, entre 1980 y 2000, como parte de las recomendaciones de una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El plan, aprobado hace unos días, incluye programas de reparaciones colectivas e individuales a las víctimas de la violencia nacional entre 1980 y 2000, que serán establecidas por una Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Gobierno. También propone la creación de un Registro Único de Víctimas de la Violencia con el propósito de empadronar a los beneficiarios de los programas de reparaciones.

En principio, la comisión de alto nivel dispondrá de 90 días para diseñar la organización y funcionamiento del consejo de reparaciones que se hará cargo de dicho registro. El Poder Ejecutivo tendrá el mismo plazo para elaborar el reglamento que permitirá aplicar el plan. Según Alcides Chamorro, congresista peruano, “el Ejecutivo deberá conformar programas de restitución de derechos ciudadanos; reparaciones en materia de salud y educación; y acceso de las víctimas a programas de vivienda que el Gobierno lleva adelante”.

Serán consideradas víctimas las personas que hayan sufrido violaciones de los Derechos Humanos, tales como, desaparición forzada, secuestro, ejecución extrajudicial, asesinato, desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura, violación sexual o muerte por parte de militares o grupos terroristas. El cónyuge, hijos y padres de las personas muertas y desaparecidas también serán considerados víctimas. Entre los beneficiarios colectivos se incluye a las comunidades campesinas y nativas y a los centros poblados que se vieron afectados por la violencia.

En este contexto, las reacciones de las ONG no se han hecho esperar. Para el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos, Francisco Soberón, la aprobación del plan de reparaciones es un importante avance, a pesar de que se produjo con retraso, ya que el informe final de la CVR se hizo público el 28 de agosto de 2003. “Creemos que esto es un avance, pero no es todo lo que se demanda. Falta que el Estado y el Gobierno se comprometan a atender las reparaciones económicas. Tenemos que luchar para que se amplíe el presupuesto de la República para empezar a atender a las víctimas”, señaló Soberón.

El defensor de derechos humanos agregó que con ello se siguen ejemplos como el de Chile, donde la Administración del presidente Ricardo Lagos decidió otorgar una reparación económica a las víctimas de tortura durante la dictadura del general Augusto Pinochet. La Comisión de la Verdad y Reconciliación establece en su informe final que el Estado peruano tiene la obligación de reparar, no solo porque así lo dicta la ley, sino porque “la reparación es un gesto y una acción que reconoce y reafirma la dignidad y el estatus de las personas. Viniendo del Estado es una expresión de debido respeto a su condición de ciudadanos”.

Indemnización por una masacre en 1991

La noticia de que el Gobierno peruano reparará a las víctimas de la violencia entre 1980 y el año 2000 ha coincidido con el anuncio de estos días del ministro de Justicia de Perú de indemnizar con 218.000 dólares a los familiares de personas asesinadas en 1991 por un escuadrón de la muerte con respaldo del Estado.

El escuadrón de la muerte paramilitar, presuntamente dirigido por Montesinos y autorizado por el ex presidente Alberto Fujimori, mató a tiros a las 15 víctimas, entre ellas un niño de ocho años, en 1991, cuando efectuaban una barbacoa para recabar fondos en Barrios Altos, un vecindario pobre en el centro de Lima. Menos de un año después, el grupo Colina, integrado por miembros del Ejército, secuestró, asesinó y desapareció a nueve estudiantes y a un profesor de la Universidad La Cantuta.

El Gobierno de Perú comenzó a pagar indemnizaciones a las víctimas de los escuadrones de la muerte y a sus parientes en el año 2001, en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, el brazo judicial de la Organización de Estados Americanos.

Canal Solidario-OneWorld 2005