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Profesionales, ONG y ciudadanía se unen para humanizar el sistema penitenciario

Por: prisionera el 11/03/10 09:11
Tiempo estimado de lectura : 3 minutos
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La Plataforma Otro Derecho Penal es Posible continúa sumando apoyos desde todos los sectores de la sociedad implicados con el derecho penal y el “desastroso” funcionamiento del sistema penitenciario español. Exigen un derecho penal que garantice el respeto a los derechos fundamentales.

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Profesionales, ONG y ciudadanía se unen para humanizar el sistema penitenciario

La foto es de Dr Case en Flickr

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La Plataforma Otro Derecho Penal es Posible continúa sumando apoyos desde todos los sectores de la sociedad implicados con el derecho penal y el “desastroso” funcionamiento del sistema penitenciario español. Exigen un derecho penal que garantice el respeto a los derechos fundamentales.

Jueces, fiscales, catedráticos de derecho, profesorado, abogados, psiquiatras, médicos, sociólogos, entidades, organizaciones y ciudadanía de a pie, engrosan la lista de adhesión a la Plataforma Otro Derecho Penal es Posible.

Entre sus objetivos se encuentra principalmente el desarrollo de estrategias de información, reflexión y divulgación para dar a conocer a todo el mundo las consecuencias derivadas del sistema penal, ya sean personas acusadas, víctimas, familiares, magistrados…, con el objetivo de poder exigir medidas que ayuden a comprender y sobre todo, humanizar el Derecho Penal.

Al mismo tiempo tienen como objetivos principales la posibilidad de creación de un sistema penal que genere la mínima violencia personal posible, garantice el respeto a los derechos fundamentales y proteja los intereses legítimos de reparación material y emocional a las víctimas.

“Nos encontramos en un momento de expansión del sistema penal, ausente de asesoramiento científico especializado y basado, principalmente, en demandas orquestadas ante graves delitos, numéricamente escasos, que han encontrado un importante eco mediático. Por otra parte, existe un importante desconocimiento de los ciudadanos acerca del funcionamiento, alcance y graves consecuencias que el sistema penal y penitenciario genera en las personas. No en vano, España es uno de los países de la UE en los que es más alta la desviación entre los delitos cometidos, la percepción subjetiva de inseguridad y la utilización de la prisión.

La ignorancia y el miedo son aprovechados por los políticos de todo signo para hacer electoralismo, con lo que un debate sosegado deviene imposible. Hay que combatir lo que Díez Ripollés y Garland han llamado el “represtigio de la prisión”, así como el uso meramente simbólico del derecho penal: los problemas no se resuelven ni sólo ni principalmente con la aprobación de las normas penales; esto sólo da una falsa imagen de seguridad y, mientras tanto, no hay medios materiales ni personales suficientes para hacer cumplir las leyes con la eficacia y la eficiencia que se requiere, ni a nivel judicial, ni de prisiones. El resultado es engañoso para la sociedad, con una falsa apariencia de mayor seguridad, incrementando el gasto público en medios de corte punitivo y reduciéndolos en otros ámbitos”.

El llamamiento de dicha Plataforma es a todos los sectores de la sociedad, que hasta el momento, ha dado la espalda a las cárceles, y está encabezada y promovida por un entendido en la materia, el catedrático de Derecho Julián Carlos Ríos Martín, profesor de la Universidad de Comillas y autor de numerosos libros prácticamente únicos en lo que a estudios referentes al sistema penintenciario español se refiere. Su libro “Mil voces presas” (Universidad Pontificia de Comillas, 2002) fue realizado a través de cuestionarios realizados en 1997 a los presos que se arriesgaron a contestarlos ante las represalias y presiones institucionales. Esta institución cuya falta de transparencia y fomentado hermetismo llega hasta nuestros días, a pesar de las denuncias de familiares, presos y asociaciaciones, intentó, sin lograrlo, intervenir los cuestionarios, con una orden con fecha de 17 de febrero de 1997 con el siguiente argumento: “existe una encuesta que está siendo realizada por D. Julián Ríos Martín, quien parece ser profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, y en la que pide a los internos la contestación a una serie de preguntas cuyo contenido afecta al régimen penitenciario y del que entendemos no debe ser conocido por personas ajenas a la Institución, dado que afecta, según las respuestas que puedan darse, al buen nombre de la Institución e incluso a su seguridad”. Sus publicaciones y ahora, la Plataforma que encabeza, sigue siendo un faro para los estudiosos e interesados en el tema.

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