¿Quién debe gestionar el 0,7% del IRPF para fines sociales?

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera y el secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, confirmaron el pasado, 25 de septiembre, que la distribución del 0,7% del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) finalmente no se territorializará como pidieron en el Congreso los partidos ERC e IU.

El pasado 17 de septiembre se debatieron dos mociones en el Congreso de los Diputados sobre la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. Por un lado, una proposición no de ley de CiU proponía el reparto al cincuenta por ciento de la recaudación anual para su distribución entre la Administración central y las comunidades autónomas y, por otro, una moción al Gobierno de ERC e IU planteaba “establecer medidas y criterios que permitan un proceso gradual de distribución territorial entre las CC.AA. del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales, con efectos en la próxima convocatoria” y favorezcan la “coordinación y transparencia que permita a las CC.AA. participar en la gestión con la Administración central”.

La moción de Convergència fue rechazada en la Comisión de Educación, Política Social y Deportes, mientras que la propuesta de ERC e IU, suscrita también, una vez enmendada, por el PSOE, fue aprobada en el Pleno del Congreso por 183 votos a favor y 135 en contra.

El Partido Popular también mostró su opinión en el debate. Su parlamentario, Miguel Barrachina, defendió en el Congreso que estas “ayudas para la cooperación y el voluntariado social sigan siendo para los millones de españoles que las reciben y no para contentar al nacionalismo insaciable”. El PP, pues, censuró el acuerdo alcanzado por el PSOE con ERC e IU y Barrachina dice que prefiere que, “pese a los errores que puede tener el actual sistema, sea el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte quien continúe distribuyendo esos fondos, y no Ibarretxe o Montilla”.

“Establecer el tramo autonómico del 50% no supone ninguna merma en los programas de las entidades estatales”

Días más tarde, el 25 de septiembre, una nota informativa difundida por el PSOE asegura a las organizaciones sociales que “no se territorializará la distribución de fondos correspondientes al 0,7% del IRPF, destinado a fines sociales”. En ella Pedro Zerolo explica que los socialistas “no van a poner en cuestión un sistema que ha funcionado correctamente y ha dado estabilidad a las organizaciones y a los programas que desarrollan en todas las Comunidades Autónomas”.

La ministra Cabrera ha refrendado también las palabras de Zerolo y ha explicado que el compromiso adquirido sólo busca una mayor transparencia y publicidad de las actuaciones de las entidades financiadas en cada territorio, lo que no significa que se vaya a modificar el sistema actual de gestión.

Sintonía Vs Decepción

Tanto la aprobación de la moción como el anuncio del cambio de postura ha originado la reacción de las ONG que realizan diferentes lecturas e interpretaciones.

Por un lado, la Plataforma de ONG de Acción Social sintoniza con la posición del Ejecutivo de no territorializar las ayudas por el 0,7% del IRPF. La Plataforma defiende el mantenimiento actual del sistema y explica que entienden que el Gobierno no pretende distribuir los fondos de la asignación a Fines Sociales a la Comunidades Autónomas, sino establecer criterios para una “distribución sensible a las necesidades de cada Comunidad Autónoma y conforme a una serie de baremos objetivos, entre los que podrían figurar la población o el nivel de renta”.

La Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, que reúne a 3.000 ONG sociales, en cambio, se muestra “decepcionada” ante el cambio de postura del PSOE. “Supone la negativa a reformar un sistema anacrónico que se ha demostrado año tras años que no funciona, y que no respeta las competencias autonómicas exclusivas en esta materia”, explican.

La reforma del actual sistema del 0,7% del IRPF para fines sociales es una demanda histórica de la Mesa de entidades y, según su presidente, Carles Barba, “el gobierno central debe valorar la oportunidad de hacer la reforma ahora ya que el incremento provocado al pasar del 0,52% al 0,7% del IRPF permite redistribuir los fondos sin que nadie salga perdiendo. Establecer el tramo autonómico del 50% no supone ninguna merma en los programas de las entidades estatales ni en la capacidad de decisión del ministerio”.

Barba explica que Cataluña tiene tantas o más necesidades sociales que otros territorios del Estado, y, en cambio, recibe mucho menos dinero que el resto. Mientras que la tasa de pobreza en Extremadura es de un 17’4%, la de Andalucía, un 18’2%, y la del País Valenciano un 16’8%, Cataluña tiene, según el Informe de la Inclusión Social en España, una tasa de 19%. La Mesa de entidades también explica que en 2007 Cataluña recaudó 40 millones de euros del IRPF de los cuales 13 volvieron al territorio.

¿Qué PueDo HaCer yo?

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Plataforma de ONG de Acción Social
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Canal Solidario, 2008