Recuperar la memoria histórica, también para las personas LGTB

Investigar sobre la memoria histórica homosexual y transexual durante el franquismo y la transición en el Estado español y sensibilizar de la necesidad de que la Ley de Memoria Histórica, que se debate estos días en el Congreso, no olvide esta realidad. Ese es el objetivo del proyecto que impulsa el Grupo de Amigos Gays (GAG), que culminará con la redacción de un libro, la producción de un documental y una página web y varias charlas y conferencias.

Según el presidente del GAG, José Benito Eres, el objetivo de la iniciativa es “resucitar la memoria oral” de personas represaliadas durante esos años por su identidad sexual en cumplimiento de la Ley de vagos y maleantes y la Ley de peligrosidad social. Para ello, dice Benito Eres, se deberá llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de testimonios, ya que “están acostumbrados al silencio”, informa Europa Press.

El trabajo se titulará ‘Los otros represaliados y discriminados del Franquismo: Los Colectivos LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) 1970-1980’ y, además de para recuperar la memoria histórica de todas estas personas, servirá también como “una forma de lucha hoy contra la homofobia y transfobia todavía existentes”, afirma el presidente del GAG.

En este contexto, desde las organizaciones sociales explican que “el derecho a la reparación empieza con la recuperación de la memoria de la represión y el pago de pensiones a los represaliados homosexuales y transexuales, en igualdad de las condiciones a los que fueron presos políticos bajo el franquismo”.

El proyecto del Grupo de Amigos Gays cuenta con apoyo económico de la Generalitat de Cataluña. Desde esta Comunidad, donde se ha presentado la iniciativa, el presidente de honor de la Coordinadora Gay y Lesbiana, Jordi Petit, se ha mostrado “optimista” en que la ley contemple que ex presos sociales, como algunos homosexuales, puedan recibir también indemnizaciones económicas.

Algunas cifras hablan de 1.500 personas juzgadas en Madrid y Barcelona por vulnerar la Ley de Peligrosidad Social, “pero no se sabe”, añade Antonio Ruiz, de la Asociación de Ex-Presos Sociales.

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