Ruanda: 16 años del genocidio del que fuimos cómplices

Hoy se cumplen 16 años del inicio del genocidio que provocó más de 800.000 muertos y obligó a más de 2 millones de personas a convertirse en refugiadas. La magnitud del genocidio y la falta de respuesta de la comunidad internacional convirtieron a Ruanda en símbolo de algo que no puede repetirse.

La mecha que incendió el brutal genocidio que asoló Ruanda en 1994, fue el derribo del avión en el que viajaba el presidente del país, Juvenal Havyarimana. Tras el atentado arrancó la lucha genocida de los hutus sobre los tutsis. Se desató un horror, que se había estado preparando minuciosamente desde mucho tiempo antes. Según Linda Melvern, una reportera británica que tuvo acceso a documentos oficiales, en el momento del inicio de la matanza la milicia ruandesa estaba compuesta por 30.000 hombres y organizados a lo largo del país con representantes en cada vecindario. Algunos miembros de la milicia podían adquirir rifles de asalto Ak-47 con sólo rellenar un formulario. Otras armas, como granadas no requirieron ningún papeleo y se distribuyeron masivamente.

Todo esto se financió, por lo menos en parte, con el dinero sacado de programas de ayuda internacionales, como la financiación proporcionada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional bajo un Programa de Ajuste Estructural. Se estima que se gastaron 134 millones de dólares en la preparación del genocidio.

Pero los datos de la tragedia que vino después son de sobra conocidos: más 800.000 muertos (el 11% del total de la población y un 4/5 de los tutsis que vivían en el país); 100.000 niños huérfanos; más de 2 millones de refugiados (que permanecieron en diversos países, sobre todo el Congo, hasta 1997, y varias decenas de miles que aún continúan fuera del país); miles de personas, civiles en su mayor parte, que participaron directamente en las atrocidades; destrucción de la base económica del país.

Las Naciones Unidas, absolutamente desbordadas por la situación, no hicieron nada para impedir el genocidio, incluso negaron su existencia, y en varias ocasiones tanto el Secretario General de aquella época, Boutros Boutros-Gali, como sus sucesores han pedido disculpas al pueblo ruandés por la incapacidad del organismo internacional en aquella crisis.

En países como Francia, el genocidio ruandés y el apoyo francés al régimen hutu que lo perpetró supuso un enorme revuelo político y de la opinión pública, lo que motivó la creación de una Comisión parlamentaria, que durante estos años ha investigado y demostrado el conocimiento y complicidad del ejército francés en la masacre.

Para las ONG, Ruanda también supuso una cruel constatación de los límites de la acción humanitaria y la falta de coordinación agravó la situación de caos en la zona. La reacción de la mayor parte de las ONG fue bastante autocrítica y buena muestra de ellos son la aprobación en los años siguientes de un Código de Conducta de las ONG (1994), para la actuación en casos de desastres como el ruandés, y del llamado Proyecto Esfera (1998), de establecimiento de normas mínimas de respuesta humanitaria.

En materia de justicia y reconciliación, se estableció un Tribunal Penal Internacional para los crímenes cometidos en Ruanda y en 2005 las primeras sentencias comenzaron a ver la luz. Junto a este Tribunal, la comunidad internacional ha aceptado la utilización de sistemas tradicionales de justicia, la llamada gacaca, para juzgar a personas de menor rango involucradas en el genocidio, de modo que pueda favorecerse su reinserción en la sociedad y el proceso de reconciliación. Es una apuesta arriesgada, pero un país como Ruanda no puede permitirse mantener en la cárceles a más de 100.000 personas en espera de juicio.

16 años después Ruanda sigue viviendo una situación difícil, tanto desde la perspectiva política como económica o en materia de derechos humanos y violencia los datos son preocupantes. ¿Vamos a volver a ser cómplices?