Sindicatos de Justicia denuncian 'maltrato institucional' a menores detenidos y desamparados

Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CATAC, Confederación General de Trabajadores (CGT) y CSI-CSIF en Catalunya denunciaron ayer la existencia de una “posible” situación de “maltrato institucional” a los menores de edad que, por encargo judicial, están bajo el amparo del departamento de Justicia catalán. Según estas formaciones, agrupadas bajo el nombre Comité Intercentros del Departamento de Justicia, los recursos y las plazas en los centros para los menores son escasos, igual que “la voluntad política” para atender “adecuadamente” a estos chicos y chicas.

La falta de recursos económicos y humanos, los edificios “precarios” y la escasez de recursos educativos son algunos de los motivos por los que los sindicatos hablan de “incumplimiento legal grave” y acusan a la administración autonómica de “maltrato institucional” hacia los menores. En la actualidad, prima “el criterio presupuestario en vez del interés por el menor”, señalan. El departamento de Justicia tiene a su cargo a los menores que han delinquido y a los menores desamparados en situación de riesgo social, como los menores inmigrantes de la calle. En ambos ámbitos se aplica diferente legislación, medidas penales y de protección, que son plena competencia de la Generalitat de Catalunya desde principios de los años 80.

El Comité Intercentros reclama la construcción de cuatro centros de justicia juvenil y otros dos de atención a la infancia, el cumplimiento “estricto” de la legislación relacionada con menores y jóvenes, los recursos necesarios para cumplir con la Carta de la ONU sobre Derechos del Niño, más personal cualificado y la paralización de la actual política “privatizadora” de los servicios.

Según los sindicatos, entre los principales “incumplimientos” destaca el “derecho de estos menores a estar con chicos y chicas de su misma edad” y cumplir la pena impuesta en el centro más cercano a su domicilio. A pesar de que la ley hace estas afirmaciones, “en el mismo módulo puede haber niños de una heterogeneidad increíble” y menores de Tarragona a quienes se le aplican medidas de régimen cerrado “han de desplazarse a Barcelona”, por falta de plazas. Los menores, recuerdan los sindicatos, también tienen derecho “a que se le aplique la medida que le han impuesto”, pero se dan casos de jóvenes “con penas de régimen semiabierto que las cumplen en régimen cerrado” y que, por lo tanto, “no ocupan la plaza que les corresponde”.

En el ámbito de protección de los menores es “frecuente” que los chicos y chicas que salen de los centros de observación con propuestas de ingreso en centros pequeños con un ambiente familiar – y que puede facilitar su posterior reinserción social – acaben en “macrocentros”, advierten los sindicatos, que recalcan la falta de plazas en los centros semiabiertos, una situación “absolutamente ilegal”. La falta de recursos es tal, continúan, que se ha dado el caso de un centro con más de 100 personas en el que “las mangueras contra incendios no estaban conectadas y donde la centralita contra incendios no funciona desde hace un año”.

En esta línea, la ley establece que las jóvenes menores de 18 años con hijos de menos de tres años a su cargo pueden vivir con ellas en los centros, pero, advierten los sindicatos, “en condiciones”. Para el Comité Intercentros, el departamento de Justicia debería revisar las acciones educativas para abordar la problemática de los menores, ya que en los últimos años se ha incrementado la mayoría de edad penal, ha aumentado el número de jóvenes de otros países y se han incrementado los casos de menores con trastornos psiquiátricos y problemas de drogas.

Centros saturados

Por todas estas razones, los sindicatos catalanes afirman que “en ningún caso prevalece el interés superior del menor” y alertan de la “saturación” de los centros. De hecho, las intervenciones de Asesoramiento Técnico a los jueces han aumentado “un 476,71 por ciento”, las intervenciones en medidas cautelares han crecido 113 por ciento en internamiento en centros y la libertad vigilada cautelar en medio abierto ha aumentado “un 500 por ciento”, sin que lo haya hecho el presupuesto. “Las leyes se aplican sin recursos”, afirma el responsable de Justicia de Comisiones Obreras, Santiago Martín, que alerta del “hacinamiento” en algunos centros y dice que en alguno, a pesar de tener sólo 38 plazas, han dormido hasta 60 menores, con “colchones en el suelo”.

Por otro lado, el Comité Intercentros advierte de la falta de recursos humanos y del estado de “depresión, ansiedad y estrés” de muchos de los educadores, así como de las “dificultades” de estos profesionales para reciclarse, debido a la falta de personal para realizar sustituciones mientras los educadores asisten a cursos de formación. “Hemos pasado de ejercer labores educativas a desempeñar funciones de confinamiento y de intervención puramente asistencial”, advierten.

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Human Rights Watch

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