Unos 7.000 menores están vinculados a grupos armados en Colombia

Las dificultades de los menores de edad para acceder a la escuela, los problemas económicos de las familias, la falta de programas estatales adecuados para los niños y los jóvenes y la seducción de las armas han llevado miles de menores colombianos a involucrarse en el conflicto armado voluntariamente. La voz de alarma la da el representante de Unicef para Colombia y Venezuela, Manuel Manrique, al mismo tiempo que el organismo internacional recuerda que “entre 6.000 y 7000 niños, niñas y adolescentes están vinculados a los grupos armados irregulares”.

Según Manrique – que ofreció estos datos durante el encuentro anual de la Cátedra Ciro Angarita de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes —, más de la mitad de los menores que se adhieren a las filas de combatientes lo hacen motivados por las armas y porque lo consideran una oportunidad de mejorar su situación y de ser valorados. En total, el 83 por ciento de los jóvenes afirma pertenecer a estos grupos de manera voluntaria y un alto porcentaje de ellos dice haber visto cadáveres mutilados, haber disparado y secuestrado alguna vez y hasta haber matado a otra persona (el 28 por ciento).

Sólo el año pasado, 101 menores de entre 9 y 17 años murieron, huyeron o se entregaron al Ejército Nacional. Un tercio de estos niños y adolescentes eran mujeres. En esta línea, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha atendido a 752 menores de 18 años desvinculados de los grupos armados.

En la actualidad, 40 millones de personas viven en Colombia, el 40 por ciento de ellas menores de edad. Según Unicef, el 39 por ciento de todos estos niños y jóvenes “viven en la pobreza” y otro 17 por ciento, “en situación de miseria”. Unos 30.000 pequeños menores de cinco años mueren anualmente, “cinco niños son asesinados cada día, en promedio, y doce mueren como resultado de accidentes o de violencia”. A esto se añade los más de 1,7 millones de menores de entre 12 y 17 años trabajadores en todo el país y los 650.000 desplazados “forzosamente” por la guerra.

Razones suficientes para solicitar asilo

Los menores de edad son uno de los grupos más vulnerables a las consecuencias de la guerra, pero no los únicos. De hecho, entre 170.000 y 200.000 personas han abandonado sus hogares durante los seis primeros meses del año debido a las presiones de los diferentes actores armados. El Fondo de la ONU para los refugiados (ACNUR) alerta de que el número de desplazados internos colombianos ha aumentado en estos meses “en casi un 100 por ciento”. La situación es tal que el organismo internacional considera que la población colombiana tiene “legítimas razones” para solicitar asilo en el extranjero.

Sólo en 2002, el número de colombianos que huyen de sus municipios y buscan asilo en países vecinos ha aumentado un 60 por ciento con respecto al año pasado. La “creciente” violencia y las “numerosas” violaciones a los derechos humanos son causa suficiente para que estas personas reciban protección internacional.

“En vista de la presencia de grupos armados en todo el país, ACNUR recomienda que los gobiernos, a la hora de examinar las peticiones de asilo de los colombianos, consideren que muchos de ellos no tienen opción de encontrar seguridad en ningún otro sitio de su país como alternativa”, señala el organismo de Naciones Unidas.

Las medidas de Uribe podrían “hundir” a Colombia

Por otro lado, Amnistía Internacional advirtió ayer que las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano, presidido por Álvaro Uribe, amenazan con “hundir” al país en una “verdadera emergencia humanitaria”. La ONG hace estas afirmaciones tras la declaración del ‘estado de conmoción interior’, la creación de una red de informantes y el establecimiento de varias ‘zonas de rehabilitación’.

“Los decretos que se han publicado a tenor del estado de sitio, que elegantemente lo ha denominado ‘estado de conmoción interior’, son la repetición de un camino de tortura y barbarie que el Estado colombiano aplica para evitar que los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas y los indígenas muestren al mundo lo que realmente pasa en Colombia”, explica el sociólogo colombiano, Francisco José Ocampo.

Este defensor de los DD.HH. hizo estas declaraciones durante la presentación del informe San Vicente del Caguán tras la ruptura de las conversaciones de Paz: una comunidad abandonada, en el que Amnistía critica al Gobierno colombiano por haberse “lavado las manos” en la protección de los civiles y reclama a la comunidad internacional que no siga “dando la espalda” a la población.

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