Uruguay vota una reforma constitucional que impediría la privatización del agua

El 31 de octubre los uruguayos elegirán algo más importante que su futuro presidente: a quién pertenecen el agua y las grandes reservas hídricas del país. En una consulta promovida por la sociedad civil votarán sí o no a una reforma constitucional que, de aprobarse, impediría privatizar el suministro de agua potable a la población.

La Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, formada por numerosas asociaciones ecologistas y ONG, consiguió hace unos meses más de 300.000 firmas para poder incluir este plebiscito constitucional en la primera vuelta de los comicios generales.

Se trata de la primera iniciativa popular en América Latina para establecer el dominio público del agua en una ley fundamental. Un hipotético triunfo del sí a la reforma tendría una importancia estratégica: podría arrastrar a los otros tres países que forman el Mercosur (Argentina, Paraguay y Brasil) a tomar medidas similares y convertirse en la punta de lanza de nuevas acciones a nivel regional para frenar los intereses privados internacionales que pretenden apropiarse del agua de la zona.

Uruguay es un país de gran importancia desde el punto de vista hídrico. Su ubicación lo convierte en el centro del acuífero Guaraní, que comparten los cuatro países del Mercosur y segunda reserva de agua subterránea del mundo. Organizaciones financieras multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional impulsan la participación privada en la propiedad y distribución del recurso.

Inversión y desarrollo mercantil del agua

Estas instituciones participan en el Consejo Mundial del Agua que propone la potabilización y distribución del agua como única vía para mejorar su suministro, la tecnología y la calidad ambiental. Este organismo recomienda a los gobiernos que garanticen la participación de inversores privados en el sector para desarrollarlo mercantilmente a gran escala: el agua como mercancía.

Numerosas organizaciones sociales que se muestran contrarias a esta orientación han creado, a nivel internacional, el Foro Alternativo del Agua para oponerse precisamente a los planes del Consejo. Sus premisas son claras: el agua debe mantenerse como patrimonio común y bien público; no es ninguna mercancía y no debe privatizarse; y debe excluirse de las reglas del sector bienes y servicios de la Organización Mundial del Comercio.

El Consejo Mundial del Agua y las instituciones del grupo del Banco Mundial asignan al agua un valor económico por su proyectada escasez en el futuro. Es cierto: Naciones Unidas calcula que en 2025 la demanda de agua será un 56 por ciento mayor que la oferta, y que 2.700 millones de personas sufrirán su escasez.

Aunque los ecologistas lo ven diferente. Según Cristian Escobar (Amigos de la Tierra Uruguay), estas cifras y proyecciones serían correctas si sigue el actual ritmo de explotación de la tierra y construcción de grandes infraestructuras que afectan al sistema hídrico. “La única manera de cuidar los acuíferos es cuidar lo que hay arriba. Si nuestros pueblos pudieran medir sus necesidades de agua, esos números cambiarían, y no se justificaría el valor económico que se le pretende dar”, explica Escobar.

Gestionar el agua pensando en las generaciones futuras

El proyecto de reforma de la Constitución uruguaya que se vota en consulta popular afecta a tres artículos de la Carta Magna. Si se aprueba la reforma, se determinará que “el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que el acceso a éste “constituye un derecho fundamental”.

La reforma también establecería que los recursos hídricos del territorio uruguayo forman parte del dominio público, y que su gestión debe ser “sustentable y solidaria con las generaciones futuras, anteponiendo las razones sociales a las de orden económico”. Según el proyecto, los servicios públicos de abastecimiento de agua deben ser prestados “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Las principales perjudicadas del triunfo del sí serían dos compañías de capital español, Uragua (Iberdrola y Aguas de Bilbao) y Aguas de la Costa (Aguas de Barcelona). Esta última ya gestiona el agua del departamento de Maldonado, al este del país y zona eminentemente turística, donde las tarifas ya son siete veces más altas que en el resto de Uruguay, según denuncian los promotores de la consulta.

El actual plebiscito no es inédito ni una casualidad. Uruguay se distingue por el rechazo mayoritario de sus habitantes a las privatizaciones. En 1992, un referéndum ya derogó, con más del 70 por ciento de los votos, los artículos de la Ley de Empresas Públicas que pretendían facilitar la privatización de la telefonía.

Más información:
Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida

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