Walid Ibrahim Abu, tras salir de Guantánamo: cadena perpetua de sufrimiento y estigma

La acogida de presos de Guantánamo no devuelve los años perdidos ni repara a las víctimas de torturas y tratos degradantes. Tendrán que exigirse reparaciones civiles y posibles responsabilidades penales por crímenes contra la humanidad. Conoce el caso de Walid Ibrahim.

En 2002, un palestino herido en Afganistán es capturado en Pakistán y trasladado a una cárcel estadounidense en territorio cubano. En 2010 es enviado a España, país con el que no comparte historia, cultura, lazos familiares ni amistades. No se trata de ficción alguna, sino de la historia de Walid Ibrahim Abu Hijazi, el primero de los cinco presos de Guantánamo con derecho a asilo en España “por razones humanitarias”. Ningún “gesto humanitario” le devolverá esos ocho años perdidos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos aprobó su liberación de Guantánamo en 2008, pues no había cargos contra él. Su libertad llega dos años después. Tendrá permiso de residencia y de trabajo en España.

El “gesto” del Gobierno español no exonera de responsabilidad penal a quienes hayan participado en la violación de derechos reconocidos en distintos tratados internacionales de derechos humanos, inspirados en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tampoco sustituye ninguna posible reparación civil por daños de Estados infractores.

Este deber de reparar y de buscar responsables no comienza ni termina con Hijazi, pues miles de detenidos han pasado por Guantánamo, por la prisión de Bagram, por Abu Ghraib y las cárceles secretas que se han descubierto en países de Europa del Este y otras tantas de países como Kenia y Egipto.

La llegada del ciudadano palestino a España coincide con la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de no perseguir a sus políticos que forzaron una ingeniería jurídica por parte de sus abogados para blindarse. Utilizaron la excusa de un “estado de excepción” en el marco de la “lucha contra el terrorismo” para permitir secuestro, tortura y suspensión del derecho a un juicio justo. Ni siquiera respetaron las Convenciones de Ginebra con el argumento de se encontraban frente a “combatientes ilegales” y no a “enemigos de guerra”.

Tampoco se perseguirá a los abogados de la Casa Blanca que cedieron a la presión, ni a los órganos judiciales que permitieron que los poderes políticos transgredieran la separación de poderes que garantiza la independencia judicial y que garantiza el funcionamiento del Estado de Derecho.

Estados Unidos no ha actuado solo en secuestros de supuestos terroristas como el de de Abu Omar en 2003, en el centro de Milán. Participaron la CIA, la policía italiana, el Gobierno de Egipto, que permitió que fuera recluido y torturado en una de sus cárceles y los países que consintieron escalas en sus aeropuertos. Así lo estima el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que analiza la repercusión que han tenido los nueve años de “lucha contra el terrorismo” en los derechos humanos.

La implicación de los países se determina por distintos criterios. Si un país ha pedido a otro que detenga de forma secreta a una persona; si aprovecha el secretismo de la detención para obtener información del preso o si obtiene información del país donde está retenido; si ha participado en el arresto o en el traslado con el conocimiento de que acabaría en una cárcel secreta o de que ha sido detenido de forma irregular; si fracasa a la hora de identificar personas y aviones que circulan por sus y aeropuertos.

El Consejo de Derechos Humanos advierte de que ningún supuesto “estado de excepción”, “conflicto armado” o “amenaza terrorista” suspenden derechos fundamentales. Las auténticas pruebas para un Estado de Derecho comprometido con las garantías individuales y los derechos humanos no surgen en épocas de tranquilidad, sino en épocas de conflicto que ponen a prueba los valores de la libertad y la democracia.

Los Gobiernos occidentales no han estado a la altura de su teórico compromiso con esos valores. Reino Unido se ve implicado en la falsificación de pasaportes de miembros de el MOSAD para asesinar a un miembro de Hamas y España no mantiene la coherencia que caracterizó a su política exterior en los último cuatro años de la era Bush.

Con la próxima llegada de otros presos de Guantánamo a España y otros países, podrían plantearse demandas civiles y penales por violaciones de derechos humanos. Llegará el momento no sólo de reparar y de exigir responsabilidades, sino de garantizar que no se repetirán crímenes contra la humanidad en nombre de la “seguridad”.

Artículo de Carlos Miguélez Monroy, periodista y coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias.