La ONU insta al Gobierno español a intensificar la lucha contra la violencia doméstica

El mensaje de Naciones Unidas al Gobierno español es claro: existe preocupación por la situación de las personas inmigradas sin regularizar, así como por el aumento de la violencia contra las mujeres y la falta de políticas que promuevan la participación femenina en las tomas de decisión y en el mercado de trabajo. Según este organismo, el Gobierno español tiene el compromiso moral de dedicar más esfuerzos y presupuesto a programas que permitan a las mujeres conciliar su vida profesional con la familiar, que protejan de la explotación laboral a los inmigrantes y que combatan la pobreza en la que vive el 18’4% de la población en España.

Las recomendaciones de Naciones Unidas se recogen en un informe presentado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), organismo firmado por 149 países – entre ellos España – que vela por el cumplimiento de este tipo de derechos. En el caso de España, la situación de los inmigrantes, la desigualdad de género y el interés económico existente en la cooperación internacional son las principales preocupaciones del organismo.

En concreto, el Comité internacional recomienda al Gobierno español “intensificar los esfuerzos para combatir la violencia doméstica” y poner en marcha las medidas necesarias para regular las órdenes de protección para las víctimas. Asimismo, pide una mayor voluntad para mejorar las condiciones de las mujeres que trabajan en el ámbito del servicio doméstico, la mayoría inmigrantes, e insta al Gobierno a iniciar políticas que permitan a las mujeres compaginar el trabajo con la vida familiar y a disminuir la alta tasa de desempleo femenino. En esta línea, desde el Comité DESC apuestan por la creación de centros para menores de tres años para alentar el trabajo de las mujeres y piden la implementación “efectiva” del Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2003-2006.

En cuanto a la población inmigrada, el organismo de la ONU muestra su preocupación por “la precaria situación de un gran número de inmigrantes indocumentados” que goza de “una limitada protección de sus derechos fundamentales”, por lo que insta al Gobierno español a “promover la legalización de los inmigrantes indocumentados para que puedan disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales”. En este contexto, añade el informe, el Gobierno debería poner en marcha políticas contra el racismo y la xenofobia y promover el entendimiento intercultural, así como prestar especial atención a comunidades como la gitana, que permanece en una situación “vulnerable y marginal”, especialmente con respecto al empleo.

Informe de las ONG

Las recomendaciones de Naciones Unidas coinciden en su mayoría con las medidas recogidas en un informe paralelo, elaborado por una docena de organizaciones y que complementa la información del Gobierno sobre la realidad de los derechos sociales en el Estado español. Este documento, que fue presentado al Comité internacional hace dos semanas, ha sido elaborado por el Observatorio DESC, Arquitectos Sin Fronteras, la Escuela de Cultura de Paz, SOS Racismo, Red Acoge y Veterinarios Sin Fronteras, entre otros.

El informe advierte del desorbitado aumento del precio del suelo y la vivienda, el incremento de los precios de alquiler “muy por encima del aumento del salario mínimo interprofesional” y el empleo “precario, con altas tasas de temporalidad y bajos salarios”. “El 18’4% de la población en España vive en condiciones de pobreza y muchas de estas personas no ven satisfecho su derecho a la alimentación”, advierte Lourdes Ríos, del Observatorio DESC, que critica que las ayudas “de urgente necesidad” llegan a quienes las necesitan sólo cuando hay “disponibilidad presupuestaria”.

Cooperación internacional y empresas

Por otro lado, tanto el informe de las ONG como el documento del Comité de la ONU reclaman al Gobierno español que asegure que la cooperación internacional contribuya a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. En concreto, el Comité recomienda al Estado que “incremente gradualmente el nivel de su ayuda al desarrollo para llegar a la meta de 0’7% del PIB impulsada por Naciones Unidas”, mientras que las ONG piden que los intereses sociales prevalgan sobre los económicos en el ámbito de la cooperación.

Según David Llistar, portavoz del Observatorio de la Deuda en la Globalización, la calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo “deja mucho que desear y está ligada a intereses comerciales, geopolíticos y de expansión cultural”. España no es sólo responsable de lo que ocurre dentro de sus fronteras, sino también de los resultados de sus políticas internacionales y de las acciones de las empresas que están ubicadas en otros países, sobre todo, de América Latina y el Magreb”, añade Lourdes Ríos, que califica de “agresivo” el modo de operar de las empresas transnacionales españolas fuera de la Unión Europea.

Sobre la cooperación internacional española y las consecuencias de las políticas de sus empresas, la precariedad en la vivienda, la vulneración de los derechos sociales de la población inmigrada y la desigualdad de género deberá rendir cuentas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU el Gobierno español en junio del año 2009, fecha en la que el organismo deberá reunirse para evaluar los avances de los Estados y tomar nota de los informes aportados por las ONG.

Más información:
Informe sobre los derechos sociales en España elaborado por las organizaciones
Observatorio DESC
Canal Solidario-OneWorld