El inminente proceso de regularización se está convirtiendo en una pesadilla para muchos inmigrantes

El pasado verano, el Gobierno anunció que aproximadamente 800.000 inmigrantes en situación administrativa irregular podrían beneficiarse con el proceso de regularización que se abrirá entre el 7 de febrero y el 7 de mayo. Pero la cifra podría ser mucho menor ante la dificultad que muchos inmigrantes están encontrando para conseguir la documentación necesaria, aunque cumplan todos los requisitos.

El certificado de antecedentes penales es el documento que más quebraderos de cabeza está provocando en buena parte de los inmigrantes que se quieren acoger al proceso. El Ministerio de Trabajo ya ha señalado en varias ocasiones que “observará estrictamente” este requisito, pero muchos consulados no proporcionan el documento por diferentes razones.

“Consulados como el de Venezuela o Cuba, por ejemplo, se niegan a dar estos documentos”, señala Estrella Pérez Galán, coordinadora territorial de CEAR-Madrid. “El mismo problema existe con los de la mayoría de los países subsaharianos y algunos de Europa del Este, como en Ucrania, donde es muy difícil conseguir este documento”.

En la mayoría de los países de origen de los inmigrantes, el certificado de penales sólo se puede solicitar en el propio país y no a través de los consulados. Esto está provocando que los inmigrantes tengan que obtener un poder notarial en España a favor de un familiar y enviárselo a éste para que lo tramite en el país de origen, con el coste de tiempo y dinero que supone. Más problemas todavía tienen los inmigrantes de países sin representación diplomática en España, como es el caso de muchos de África subsahariana.

En la embajada de Venezuela señalan que la propia legislación de su país impide facilitar el certificado de penales, pero que pueden extender un certificado de buena conducta que, en los procesos tradicionales de regularización, sí suele ser reconocido por el Gobierno español.

Pérez Galán, de CEAR, también denuncia que muchos consulados están cobrando grandes cantidades de dinero por obtener la documentación o los sellos necesarios para solicitar la regularización en España. En el caso de los inmigrantes ecuatorianos, comenzaron abonando unos 135 euros para obtener el documento de antecedentes penales totalmente legalizado, aunque ahora se ha reducido algo el precio al eliminar el consulado algunos requisitos.

Pérez Galán sostiene que CEAR ya había planteado en su día al Gobierno que todo esto podía suceder, “pero no lo han tenido en cuenta”. “Sabemos que hay mucha gente que se va a quedar fuera del proceso de regularización y, en gran medida, se deberá a la falta de información importante, porque no están claras muchas pautas”.


Más información:

Guía del proceso de normalización de trabajadores extranjeros del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Canal Solidario-OneWorld, 2005