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La jueza del 'caso Intervida' califica de ''sangrante'' la gestión de la ONG
La magistrada encargada del supuesto fraude de Intervida detecta que el capital de los apadrinamientos se destinaba a la construcción y al mundo bancario. En el auto la jueza cede el caso a la Audiencia Nacional por su complejidad.
en las redes socialesLos fundadores de la ONG Intervida, acusados de desviar casi 200 millones de euros procedentes del apadrinamiento de niños, gestionaron la entidad de forma “sangrante” y “guiados por el deseo de obtener pingües beneficios”, según sostiene la jueza de Barcelona encargada del supuesto fraude. En su auto, la magistrada cede el caso a la Audiencia Nacional ante la complejidad y el alcance del mismo.
Para la titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, los fundadores de la organización tenían como objetivo obtener capital a través de diversas sociedad en España, Guatemala y Perú “para destinarlo al mundo empresarial y, más concretamente, a los sectores de la construcción e inmobiliario y bancario”. En este sentido, destaca la “creación de colegios de élite, no precisamente para menores desfavorecidos”, señala la jueza. Por este motivo, la jueza concluye que “todos los padrinos han visto incumplidos sus objetivos: ayudar a niños desfavorecidos.”
Estos días se ha conocido que Eduardo Castellón y Rafael Puertas, dos de los fundadores y principales imputados en la querella que la fiscalía presentó contra la antigua directiva de Intervida, cobraron unos 3.000 dólares mensuales de una asociación vinculada a la ONG sin que conste que trabajaran para ella.
La investigación de la fiscalía ha permitido poner al descubierto la existencia de una doble contabilidad en Intervida, una para asuntos internos y otra para los efectos fiscales. Entre 1999 y el 2003, únicos ejercicios de los que el ministerio público dispone de información contable, las transferencias a los países con proyectos se efectuaban en el último trimestre del año, y en las cuentas se contabilizaban como aportaciones monetarias a proyectos solidarios, aunque su destino real eran cuentas de depósito bancarias, según señalan las investigaciones de la fiscalía.
Por su parte, Intervida no ha querido evaluar la decisión adoptada por la magistrada.
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